¡Escándalo! Millonaria contratación para defender migrantes irregulares
El diputado por la Región de Antofagasta, José Miguel Castro (RN), ha solicitado una investigación sobre una supuesta contratación millonaria realizada por el gobierno para contratar a un estudio de abogados y defender a migrantes irregulares. Esta contratación, que se habría formalizado mediante una Orden de Compra por $235.200.000, ha generado preocupación debido a su posible impacto en la ciudadanía.
El diputado Castro, quien también es miembro de la comisión de Seguridad, considera que esta adquisición, de ser confirmada, sería bastante grave. Especialmente en un contexto en el que los índices de criminalidad se agudizan en nuestro país. La Región de Antofagasta es la segunda más afectada por la inmigración irregular o clandestina, lo que ha traído consigo consecuencias como el ingreso de personas con historial delictivo y la presencia de organizaciones criminales.
El legislador argumenta que esta contratación contradice la voluntad del Órgano Legislativo y de la ciudadanía. Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de ley que sanciona como delito el ingreso clandestino al territorio nacional. Por lo tanto, esta adquisición podría ser considerada como un mecanismo de contención frente a este fenómeno.
El diputado Castro ha solicitado a la ministra del Interior y al ministro de Justicia y Derechos Humanos que proporcionen información detallada sobre los fundamentos y circunstancias de esta adquisición. También ha pedido que se explique el proceso de adquisición, incluyendo si se realizó a través de un trato directo o una licitación. Además, solicita información sobre cómo se destinarán los recursos para la representación de personas de nacionalidad extranjera que podrían verse imputadas por el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.
En conclusión, el diputado Castro considera que esta posible contratación millonaria para defender migrantes irregulares es un asunto muy grave. Insta a las autoridades a responder de manera clara y transparente sobre esta denuncia. En un momento en el que se está avanzando en un proyecto de ley para tipificar como delito el ingreso clandestino al país, es crucial analizar esta situación con urgencia y evitar acciones completamente ideológicas que podrían resultar en una pérdida de más de 200 millones de pesos.