Una medida sin precedentes
El presidente Gabriel Boric ha dejado claro que no tolerará la impunidad. En una decisión sin precedentes, ha anunciado que revocará las pensiones de gracia otorgadas a personas condenadas por delitos graves, a pesar de haber sido víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
Revocando el beneficio
Boric ha sido enfático al afirmar que quitará el beneficio a todos aquellos condenados por homicidio, porte de armas, violación o narcotráfico. Esta medida busca enviar un mensaje claro de que no se tolerará la impunidad y que los delitos graves no pueden ser pasados por alto, incluso en casos de violaciones a los derechos humanos.
Revisión y facultad administrativa
El presidente ha ordenado una revisión exhaustiva de las pensiones de gracia otorgadas, con el objetivo de identificar a aquellos beneficiarios que tengan antecedentes penales por delitos graves. Una vez identificados, Boric hará uso de su facultad administrativa para revocar esas pensiones.
Impacto de la medida
Actualmente, el Fisco entrega cerca de 18 mil pensiones de gracia a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y el estallido social. De las 367 personas que reciben pensiones de gracia por hechos sucedidos tras el 18-O, 50 de ellas cuentan con antecedentes penales. La decisión de revocar estas pensiones tendrá un impacto significativo en la vida de estas personas, pero el presidente Boric considera que es necesario hacer justicia y enviar un mensaje claro a la sociedad.
Una medida polémica
La decisión de Boric ha generado polémica y reacciones encontradas. Mientras algunos aplauden su determinación de no permitir la impunidad, otros critican que se esté revocando un beneficio otorgado a personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el presidente ha dejado claro que su objetivo es garantizar que los delitos graves no queden impunes, sin importar las circunstancias en las que se cometieron.
