Detenido prófugo de la justicia que recibía pensión de gracia por el estallido social
Carabineros ha confirmado la detención de Juan Francisco Villalobos Prado, un individuo prófugo de la justicia que recibía una pensión de gracia otorgada por el Fisco como víctima de violencia del Estado en el marco del estallido social. Esta noticia ha dejado a todos sorprendidos y ha generado gran controversia en la opinión pública.
Según informó Emol, Villalobos Prado fue capturado en La Florida y cuenta con un prontuario policial bastante extenso. En 2019, fue detenido por desórdenes y robo a un supermercado. Además, en 2022 fue formalizado por estafa y otros delitos similares, perdiéndose su paradero posteriormente. También ha tenido detenciones por hurto en 2008 y lesiones menos graves entre 2013 y 2015.
Una pensión de gracia polémica
A pesar de su historial delictivo, Villalobos Prado recibía una pensión de gracia equivalente a dos ingresos mínimos no remuneracionales. Este beneficio se le otorgó de forma vitalicia y se mantendrá vigente mientras subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento. En su cuenta bancaria, recibió nueve pagos entre el 18 de abril y el 15 de diciembre pasado, sumando un total de $5.698.168.
Este caso ha generado gran indignación en la sociedad, ya que Villalobos Prado se convierte en la sexta persona conocida que recibe una pensión de gracia como víctima del estallido social a pesar de tener condenas por hechos ocurridos en el marco del 18-O. Ante esta situación, desde La Moneda se anunció la presentación de indicaciones a la ley para revertir la entrega de este beneficio a personas condenadas.
Conclusiones
La detención de Juan Francisco Villalobos Prado, prófugo de la justicia que recibía una pensión de gracia por ser víctima del estallido social, ha dejado al descubierto una polémica situación. Este caso pone en evidencia la necesidad de revisar y modificar los criterios para otorgar este tipo de beneficios, evitando que personas con antecedentes delictivos se aprovechen de ellos.
Esperamos que las autoridades tomen medidas al respecto y se garantice que los beneficios sean entregados a quienes realmente los necesitan y merecen. La sociedad exige justicia y transparencia en estos casos, para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.
