Diputada Labra pide revocar pensiĆ³n de gracia vitalicia a condenado por VIF

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La diputada Paula Labra solicita revocar una pensiĆ³n de gracia vitalicia

La diputada Paula Labra ha solicitado a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que intervenga para revertir el pago de una pensiĆ³n de gracia vitalicia otorgada a AndrĆ©s Fuica, quien ha sido condenado por violencia intrafamiliar (VIF). Labra argumenta que es inaceptable que el gobierno otorgue este tipo de pensiones a personas que no han sido reconocidas como vĆ­ctimas del estallido social y que ademĆ”s tienen antecedentes de participaciĆ³n en saqueos.

La parlamentaria hace hincapiĆ© en que el beneficiado tambiĆ©n tiene una condena por agresiĆ³n a su ex pareja, lo cual resulta especialmente preocupante. Labra seƱala que la ministra Orellana, quien ha sido una defensora activa de los derechos de las mujeres y se ha opuesto a otorgar beneficios a imputados por violencia de gĆ©nero, seguramente encuentra igualmente indignante que el Estado financie una pensiĆ³n de gracia vitalicia a alguien que intentĆ³ ahorcar a su pareja.

Un caso de violencia extrema

La sentencia contra Fuica, emitida en 2017, describe el incidente en el cual intentĆ³ ahorcar a su ex pareja. SegĆŗn el documento, durante una discusiĆ³n por una pensiĆ³n de alimentos, Fuica se enfureciĆ³ y agarrĆ³ fuertemente del cuello a su ex pareja, en presencia de su hija de 3 aƱos. Afortunadamente, el incidente no terminĆ³ en un asesinato, pero Labra destaca que estamos frente a una persona con tendencias femicidas, y es a esta persona a la que se le estĆ” pagando una pensiĆ³n de gracia vitalicia.

Un llamado a la acciĆ³n

La diputada Labra concluye su solicitud a la ministra Orellana instĆ”ndola a tomar medidas para revertir el pago de esta pensiĆ³n escandalosa. Labra argumenta que, en respeto a todas las mujeres que han sufrido angustia y han sido vĆ­ctimas de agresiones, la ministra debe hacer todo lo posible para poner fin a esta situaciĆ³n. Como miembro del comitĆ© polĆ­tico, Labra confĆ­a en que Orellana tomarĆ” las medidas necesarias para abordar este problema y evitar que el Estado financie a personas con antecedentes de violencia intrafamiliar.

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