Introducción
En estos días en que Bachelet saca la cabeza como un topo para ver si hay agua en la piscina electoral. Cuando su habilidad de mirar al horizonte del poder como si fuese una señora de clase media ya no le sirve para disimular sus ansias por retornar al asiento presidencial. Hablando del país como de cosa manida, de chiste ya sabido y aire impostado de preocupación de Estado.
En el instante de la decisión funesta de repetirse en exceso que ha recorrido el continente (Evo Morales lo intentó, Maduro enterró la democracia, sólo como ejemplos aleccionadores en Sudamérica) y tantas otras tierras, al modo de un recurso a un vademécum politológico, conviene preguntarse serenamente qué es lo que es más recomendable hoy para el país.
Historia constitucional acelerada
Hagamos brevemente un poco de historia constitucional acelerada. La Constitución de 1980, antes de la reforma “de Lagos”, es decir, la original guzmaniana, contemplaba extensos mandatos de ocho años, no pudiendo ser elegido nuevamente para el período siguiente (artículo 25), pero nada impedía que lo fuese después una o varias veces. El hecho es que no sucedió de este modo en democracia.
Aparte del acuerdo para un período de cuatro años de duración del gobierno de la transición de Patricio Aylwin, se realizó una rápida reforma a la Constitución a comienzos de 1994 que reducía, se podría decir que felizmente, el período presidencial de ocho a seis años. Recordemos aquí las presidencias de Eduardo Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos. La reforma de la carta magna que protagonizó este último presidente en 2005 recortaba en dos años el mandato presidencial a los cuatro años actuales, prohibiendo nuevamente la reelección inmediata. Estas son las normas constitucionales que han estado vigentes.
No obstante, para entender igualmente la cultura política que se ha venido asentando en el país, conviene mirar a los proyectos constitucionales de los últimos años. En primer lugar, el proyecto “de Bachelet”, presentado al cierre de su segundo período de gobierno, indicaba, y esto es particularmente importante para el argumento que aquí se desarrolla, que el período presidencial será de seis años, sin posibilidad de reelección, ni inmediata ni mediata (art. 24), a la manera de México (art. 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Por su parte, la propuesta de Constitución Política de la República de 2022 optaba por mandatos presidenciales de cuatro años y una sola reelección, inmediata o posterior (art. 284). Finalmente, el documento constitucional de 2023, recientemente derrotado, aprueba también la presidencia por cuatro años, la no reelección inmediata y un eventual regreso al poder por una sola vez (art. 91).
De los nuevos proyectos, se derivan ideas trascendentales desde el punto de vista de los aprendizajes republicanos y las maneras de entender el futuro en cuanto a la figura clave de la Presidencia como institución central del entramado institucional de la democracia. En síntesis, existe un amplio consenso en que se apuesta por períodos limitados, sea o no con reelección, y nunca de más de dos mandatos, consecutivos o discontinuos.
Conclusión
En este sentido, la Constitución de 2005 permite todavía una cantidad de períodos presidenciales ilimitados, lo que los nuevos acuerdos han asentado contundentemente que no queremos ver en la práctica. La advertencia está sobre la mesa y sorprenden más los juegos de visibilidad y poder de quien lideró, si bien tardíamente, un texto que simplemente admitía un período de presidencia larga. Antes de levantar vuelo, el oráculo de la historia nos desliza aquello que no puede decirse en círculos cercanos. Nos hace ver que la concentración del poder en pocas manos es dañina para la República, que vuelve a la democracia de papel. Escribiendo su verdad en los márgenes, avanza hacia aristocracias de facto o cuasi monarquías, asentándolas en el poder de manera extensa, egoísta y con frecuencia de efectos negativamente irreversibles.
