¡Escándalo en La Florida! Solicitan a Contraloría que se pronuncie sobre el estado de emergencia comunal

¿Es legal el estado de emergencia comunal en La Florida?

La diputada del Partido Comunista (PC), Daniela Serrano, y el concejal de La Florida, José Seves, llegaron este lunes hasta la Contraloría General de la República para solicitar que se pronuncie respecto al estado de emergencia comunal que decretó el alcalde Rodolfo Carter. Según la parlamentaria, esta medida no se ajusta a la ley y considera que es más un acto de populismo en un escenario de incertidumbre.

La diputada Serrano enfatizó en que si el Municipio de La Florida desea implementar medidas de seguridad, estas deben hacerse en coordinación con la legalidad, el gobierno central y las fuerzas policiales, quienes están capacitados para resguardar el orden público y la seguridad de las personas. Los municipios, por su parte, tienen una labor preventiva.

Una solicitud urgente

La diputada Serrano y el concejal Seves se presentaron ante la Contraloría General de la República con el objetivo de obtener un pronunciamiento sobre la legalidad del decreto de la Municipalidad de La Florida que estableció el estado de emergencia comunal. Ambos políticos consideran que esta medida genera expectativas en la población que no pueden cumplirse y que carece de fundamentos legales.

Un llamado a la coordinación y legalidad

Es evidente que la diputada Serrano y el concejal Seves buscan garantizar que las decisiones tomadas por las autoridades municipales se ajusten a la legalidad y se realicen en coordinación con el gobierno central y las fuerzas policiales. La seguridad y el orden público son responsabilidades compartidas, y es fundamental que se trabaje en conjunto para garantizar el bienestar de la comunidad.

Conclusiones

El estado de emergencia comunal decretado por el alcalde Rodolfo Carter en La Florida ha generado controversia y preocupación entre la diputada Daniela Serrano y el concejal José Seves. Ambos políticos han solicitado a la Contraloría General de la República que se pronuncie sobre la legalidad de esta medida, argumentando que no se ajusta a la ley y que genera expectativas que no pueden cumplirse. La coordinación y la legalidad son fundamentales para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad.