Los hijos de Alberto Fujimori llegan a la prisión de Barbadillo ante posible liberación del expresidente
Keiko y Kenji Fujimori, hijos del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), se desplazaron hasta el centro penitenciario de Barbadillo, donde su padre cumple condena por delitos de lesa humanidad y de donde podría ser excarcelado este mismo miércoles tras la última del Tribunal Constitucional.
Ambos hijos del exmandatario llegaron a la cárcel de Barbadillo a bordo de un coche conducido por la propia Keiko -candidata presidencial en hasta dos ocasiones-, quien tuvo que abrir paso entre la prensa y fotógrafos congregados en la zona, recoge el diario peruano ‘La República’.
Asimismo, decenas de simpatizantes del expresidente peruano se concentran en los exteriores de la cárcel a la espera de que Fujimori salga finalmente de prisión, un objetivo perseguido por él y su equipo de abogados desde hace años, pero que la Justicia impidió en varias ocasiones.
Fujimori cumple 25 años de condena por las matanzas de civiles en Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, en diciembre de 2017 se benefició de un indulto humanitario concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero que la Justicia tumbó apenas unos meses más tarde, en verano de 2018.
Años más tarde, el equipo de abogados de Fujimori presentó un ‘habeas corpus’ en el que aludían a la avanzada edad del expresidente y su delicado estado de salud, que habría empeorado notablemente desde la anulación del indulto. El Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso y dio ‘luz verde’ a la excarcelación.
Tras varios recursos presentados contra el ‘habeas corpus’ de Fujimori, incluidos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Constitucional incidió en los últimos días en que el expresidente debe ser liberado de inmediato, si bien el mencionado organismo pide detener la excarcelación hasta examinar la sentencia.
Además de su condena a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno.
Agencia Uno – Europa Press.
