El compromiso de Boric con la salud
Sin duda, el gobierno del Presidente Boric será recordado por su exitoso desempeño, perseverando contra viento y marea, para cumplir con al menos uno de sus compromisos adquiridos en campaña. En el área de la salud hay uno que destaca y hace palidecer cualquier otra promesa enarbolada.
No tanto por sus buenos resultados, sino por la persistencia con la que ha decidido enfrentar un tema que, de lograrlo, haría sentir ruborizado de emoción y orgullo hasta el más tibio correligionario de su coalición.
Terminando con el negocio de las Isapres
El compromiso era claro y se ha hecho todo, se han aprovechado todas las coyunturas, para lograrlo. Estamos a pocas semanas, si no a días, para comenzar a cristalizar el cumplimiento de la palabra empeñada: “terminaremos con el negocio de las Isapres”, “que desaparezcan del mapa de la seguridad social”.
Esas dos frases son textuales. La primera proviene del Programa de Gobierno del entonces candidato presidencial, el Diputado Gabriel Boric. La segunda, fue sostenida por el Director de Fonasa, Camilo Cid, quien a los pocos meses de asumir en su cargo, reafirmó la posición del Ejecutivo sobre el futuro que esperaba tuviera el sistema de aseguramiento privado en nuestro país.
El avance hacia el Fondo Universal de Salud
De hecho, los avances han sido celebrados con gran entusiasmo por parte del Gobierno. Cuando se dio a conocer que existían 16 millones de personas en el Fondo Nacional de Salud, se hicieron infografías que adornaron varios tuits de diversas reparticiones públicas. La alegría era total.
Cada vez se estaba más cerca de cumplir la meta, que había sido claramente descrita en el Programa de Gobierno: “Generaremos un fondo universal de salud (FUS) que actuará como un administrador único de los recursos, a través de la universalización de la cobertura del FONASA a todas las personas que residan en el país. El FUS recaudará y administrará las cotizaciones de las y los trabajadores (7%), junto a los aportes del Estado. Con ello terminaremos con el negocio de las ISAPRE, las cuales se transformarán en seguros complementarios voluntarios”.
El desafío de aumentar la participación del Estado en salud
¿Qué podría salir mal? Si en el sistema privado hay sólo 3 millones de personas, en el sistema público hay otros 3 millones de asegurados que sólo se atienden en clínicas o centros médicos y nunca utilizan consultorios u hospitales, y hay otros 3 millones que usan alternadamente las atenciones en el sistema estatal y los prestadores privados. En suma, son sólo 9 millones de nuevos usuarios en los prestadores públicos.
Porque claro, si quiebran las isapres, arrastrarán a las clínicas, a quienes adeudan unos $500 mil millones. Con ese tremendo objetivo de aumentar el tamaño de la participación del Estado en salud, otras metas como bajar las listas de espera, adelantar la construcción de hospitales o aumentar la eficiencia en el uso de los recursos públicos –para que lleguen verdaderamente a los pacientes– pasan a ser absolutamente secundarios, incluso un poco irrelevantes.
El impacto en las listas de espera
Algo que se podrá resolver después, por los técnicos o por quien corresponda. Aquí lo único importante es “Fonasear” a la gente, como también lo sostuviera el Director Cid en una conversación con gremios de la salud. De hecho, el Gobierno se alegra cada vez que aumenta la cantidad de personas que están en las listas de espera, porque sabe que con ese número más abultado le funciona su “acrobacia estadística” que baja los tiempos de espera: mientras más gente nueva –esperando pocos días– ingrese, más baja el promedio y la mediana, aunque muchos sigan esperando por años una atención.
Así mismo, el Minsal celebra el aumento en 8% el presupuesto nacional en salud, pero nada dice de la paupérrima utilización de esos recursos. En 10 años, el presupuesto hospitalario ha aumentado cerca de 50%, pero la producción no alcanza el 4%. Se remiten a decir que faltan más recursos, pero ¿será sólo eso?
Hagamos el siguiente ejercicio: si dividimos los $14,4 billones presupuestados para 2024 por los 16 millones de usuarios de Fonasa. Eso representa un aporte de $900 mil anuales por usuario, ¿habrían listas de espera si fueran entregados como subvención directa a las personas?
Hay razones suficientes para pensar que no, sobre todo si se observa que el tan vilipendiado sistema de aseguramiento privado puede tener muchos problemas, pero al menos no lleva sobre sus hombros la terrible cifra de 40 mil personas anuales fallecidas antes de ser atendidas, como sucede en Fonasa y sus eternas listas de espera.
Conclusión
No sabemos qué sucederá en los próximos meses, aunque parezca que el descalabro es inminente aún el Gobierno y el Legislativo pueden tomar medidas, pero si aquello no se verifica y el Ejecutivo persevera en su posición, al menos podrá decir con orgullo que cumplió con su programa, aunque en la pasada fueran los pacientes quienes tuvieran que pagar, con su salud, esa promesa. Mal por ellos, mal por los hechos, pero no hay que olvidar que los compromisos ideológicos se cumplen. Aunque estos no coincidan con los hechos, “tanto peor por los hechos”, como diría un camarada.
