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CDE responde a críticas de comisión por Caso Convenios y la acusa de desconocer la labor del organismo

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CDE responde a críticas de comisión por Caso Convenios y la acusa de desconocer la labor del organismo

El Consejo de Defensa del Estado responde a las críticas de la comisión investigadora del caso Convenios

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha cuestionado las conclusiones de la comisión investigadora del caso Convenios, que ha imputado al organismo un actuar “cuestionable” y “reactivo” en el caso Democracia Viva y otros similares. El CDE ha respondido que estas imputaciones son infundadas y revelan una incomprensión tanto del rol del Consejo de Defensa del Estado en materia penal, como de las necesidades de una investigación criminal eficaz que permita sancionar a los responsables de conductas ilícitas.

El CDE defiende su actuar y explica su rol en materia penal

El Consejo de Defensa del Estado ha explicado que interpone querellas criminales contra personas determinadas cuando las diligencias desarrolladas en los respectivos procesos judiciales dan cuenta de hechos constitutivos de delitos, o bien en casos excepcionales, en que la imputación penal resulta evidente y expresamente reconocida por sus responsables. En el caso Convenios, el CDE ha destinado un grupo especial de abogados para analizar el actuar de los involucrados en estas indagatorias y la aparición de nuevos antecedentes, señalando que en caso de alcanzar un grado razonable de fundamento se presentarán las respectivas querellas. Además, el CDE ha aseverado que las diligencias realizadas por el Ministerio Público están bajo reserva, por lo que este caso y otros bajo esta misma figura, no tiene conocimiento de parte importante de la investigación penal.

El CDE enfatiza la importancia de adoptar decisiones fundadas y con antecedentes certeros

El Consejo de Defensa del Estado ha puntualizado que su institución debe adoptar decisiones fundadas y con antecedentes certeros para poder imputarle a una persona determinada la comisión de un delito y pedir a un tribunal, con la seriedad que los caracteriza, las sanciones penales procedentes. Ante las críticas recibidas, el CDE considera preocupante que se pretenda emplazar a una institución centenaria, de alto componente técnico y de reconocido actuar riguroso como el Consejo de Defensa del Estado, a interponer acciones penales por razones diversas a las derivadas exclusivamente del marco legal y constitucional de la persecución criminal.

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