Investigación revela nulos avances en implementación del Acuerdo de Escazú por parte del Ejecutivo
Una investigación publicada por la ONG Escazú Ahora reveló que a un año de firmarse el Acuerdo de Escazú, el Ejecutivo aún no ha presentado ningún proyecto de ley destinado a proteger a los defensores de derechos humanos. Desde la agrupación dieron a conocer que no existe un ‘Circuito de Alerta’ ni ningún organismo similar que cumpla la función mencionada por el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño y que no se ha definido una hoja de ruta que oriente su trabajo.
Dicho acuerdo, es un instrumento que tiene como eje la protección de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental, y en ese contexto, llama a los países a reconocer y asegurar un entorno propicio y seguro para las personas que defienden el medioambiente. El tratado es complejo y necesario para la democracia ambiental e involucra a todo el Estado.
Antecedentes
Dicho acuerdo fue publicado un 25 de octubre de 2022 en el Diario Oficial, como el primer proyecto impulsado y promulgado por el presidente Gabriel Boric y destaca por ser el único en el mundo en incorporar medidas de protección a defensores ambientales. Tras su entrada en vigencia, el Ejecutivo asumió la responsabilidad de implementar el Tratado y dar protección a los defensores ambientales. Luego, en junio de 2022, las ministras de Medio Ambiente, Justicia y RREE, anunciaron la creación de un grupo técnico encargado de crear una ‘institucionalidad de protección a defensores y defensoras de derechos humanos’.
En abril de 2023 el subsecretario de Medio Ambiente señaló ante la comunidad internacional que fruto del trabajo de dicho grupo técnico se había creado un ‘Circuito de Alerta’ destinado a prevenir ataques contra defensores de DD.HH., y que, de manera paralela, otra comisión ya estaba terminando la elaboración de un protocolo destinado específicamente a proteger a los defensores ambientales.
La investigación
La investigación de la ONG titulada ‘Balance de la implementación del artículo nueve del Acuerdo de Escazú en Chile’ reveló que a la fecha el Ejecutivo no ha presentado ningún proyecto de ley destinado a proteger a los defensores de DDHH y no existe un ‘Circuito de Alerta’. Asimismo, la organización informó que gracias a su investigación se descubrió que la comisión encargada de la ‘elaboración de un protocolo de defensa de defensores ambientales’ se propuso en noviembre de 2022 realizar ‘un primer levantamiento diagnóstico a través de mesas regionales’. No obstante, hasta la fecha solo han sostenido cinco reuniones a puertas cerradas (sin compartir las actas) y no han realizado el levantamiento diagnóstico comprometido.
‘Durante el último año como organización hemos recibido más de cuatro denuncias de casos de amenazas a personas defensoras y durante ese mismo tiempo el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Justicia no hicieron absolutamente nada, no dieron respuestas ni proporcionaron el apoyo requerido a quienes estaban siendo amedrentados en sus comunidades por defender la vida’, agregó al respecto el coordinador de la campaña de defensores de Escazú Ahora, Joaquín Salinas.
La respuesta del Ministerio de Medio Ambiente
El subsecretario Maximiliano Proaño, señaló que implementar el Acuerdo de Escazú es un trabajo gradual que requiere de la contribución de diversas instituciones y actores para abordar todos los ejes del Acuerdo: acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. A su vez, precisó que la elaboración de instrumentos y cambios de paradigmas no se construyen de un día para otro y que el Ministerio está avanzando acorde a los procesos delineados para todos los países que forman parte del tratado.
Sobre el Plan de Implementación Participativo del Acuerdo, el subsecretario detalló que al Ministerio del Medio Ambiente ha realizado consultorías para contar con un diagnóstico preliminar. Capacitaciones a toda la institucionalidad ambiental, a los Seremis y a los puntos focales para Escazú de los servicios públicos y sociedad civil. Además de realizar un proceso de participación temprana para su elaboración, con buzón virtual, encuesta y talleres presenciales con distintos actores. lo que será complementado con un proceso de consulta pública del anteproyecto del Plan que está en proceso de redacción.
En relación al Protocolo para defensores de derechos humanos y asuntos ambientales, el vocero de la cartera mencionó que dicha labor es liderada por el Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Derechos Humanos.
‘Desde el Ministerio del Medio Ambiente hemos presentado las respectivas denuncias al Ministerio Público cuando hemos tomado conocimiento de amenazas, porque es esa instancia la que tiene competencias para la persecución de delitos y protección de integridad física frente a amenazas o intimidaciones.
Finalmente, desde el Ministerio del Medio Ambiente declararon que están coordinando, junto a Ecuador y San Cristóbal y Nieves, el trabajo del grupo ad hoc para personas defensoras en asuntos ambientales, con un instrumento que servirá a todos los países del Acuerdo, incluido Chile.
