El Gobierno de Perú toma una dura medida contra el robo de celulares
En un movimiento sin precedentes, el Gobierno de Perú ha aprobado un decreto que busca combatir el creciente problema del robo de celulares en el país. Esta medida propone sancionar hasta con 30 años de cárcel a aquellos que cometan este delito, especialmente si se utilizan explosivos o vehículos motorizados.
La aprobación de esta ley es considerada una medida para fortalecer la prevención y la lucha contra el comercio ilegal de teléfonos celulares en el país, según informa la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El primer ministro, Alberto Otárola, ha destacado que esta iniciativa se da en medio de las facultades legislativas que le ha dado el Congreso al Ejecutivo en materia de seguridad.
¿Qué establece la nueva ley?
La nueva ley modifica el Código Penal de Perú para incluir el robo de equipos terminales móviles, informáticos u otros similares como agravante. Esto significa que aquellos que cometan este delito podrán enfrentar penas que van desde los 12 a los 20 años de cárcel. Sin embargo, si se utilizan explosivos o vehículos motorizados para cometer el delito, la pena podría llegar a ser de hasta 30 años.
Además, la ley también considera como delito la modalidad de receptación, que se refiere a la provisión de documentos para ocultar, encubrir o disimular el origen ilícito del bien o de sus partes. Esto implica que la comercialización de aparatos que permitan adulterar los códigos de seguridad estará condenada por la ley.
El problema del robo de celulares en Perú
Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), en Perú se roban en promedio 4.754 celulares al día. Además, un 12,2% de los peruanos han sufrido robos de dinero o celulares en lo que va de este año.
Conclusión
La aprobación de esta medida por parte del Gobierno de Perú demuestra su compromiso en la lucha contra el robo de celulares y el comercio ilegal de estos dispositivos. Con penas de hasta 30 años de cárcel, se espera que esta ley disuada a los delincuentes y contribuya a reducir la incidencia de este delito en el país.
