El escándalo que sacude al país
En calidad de imputados serán citados a declarar por el caso Convenios el ex ministro Giorgio Jackson; el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, y la actual directora de Presupuestos, Javiera Martínez. La decisión la adoptó la Fiscalía de Antofagasta, tras la solicitud en ese sentido realizada por los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval.
Lo anterior, tras la ampliación de querella que ambos legisladores ingresaron en agosto pasado. Tanto el ex secretario de Estado como los funcionarios en actividad, todos militantes de Revolución Democrática, serán interrogados respecto de sus eventuales incumplimientos de sus obligaciones fiscalizadoras. En particular, respecto de los convenios firmados con distintas fundaciones.
Un caso de corrupción que no tiene precedentes
En la querella presentada por los legisladores republicanos se apunta que ‘en junio de 2022 se rebajaron los controles por parte del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno sobre el destino y uso de los fondos públicos. Todo ello permitió la consumación de múltiples ilícitos, entre ellos, aquellos que se investigan en la presente carpeta judicial’, señala el texto.
Al respecto, el diputado querellante, Cristián Araya, recordó que ‘dijimos que íbamos a perseguir hasta las últimas consecuencias a los responsables de estos graves casos de corrupción’. ‘Es evidente que el trasfondo de estos casos va más allá de las instituciones involucradas’, añadió.
Reacciones del Gobierno
Consultada por la citación a declarar al ex ministro y los actuales funcionarios, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que no le sorprendía. ‘No nos sorprende, porque esto iba a pasar. Se hace noticia de algo que sabíamos que iba a suceder. Era algo natural que iba a pasar, porque es parte del procedimiento judicial’, apuntó la ministra vocera.
‘En el caso del Partido Republicano, no solamente se le imputó públicamente a estas personas delitos, sino que se presentaron querellas. Entonces ya no es solamente la acción política mediática comunicacional, sino que además lo transformaron en una acción judicial’, indicó la secretaria de Estado.
‘Como lo transforman en acción judicial, esto ya recae en un poder autónomo y que le corresponde frente a esas querellas proceder a investigar, porque hay una querella ingresada’, concluyó.
