El Consejo Constitucional aprueba el no pago de contribuciones a la primera vivienda
En una decisión histórica, el Consejo Constitucional ha aprobado una medida que permitirá a los propietarios de viviendas principales no pagar contribuciones. Esta medida se enmarca en la aprobación del derecho a la vivienda adecuada, que se consagra por primera vez a nivel constitucional.
El artículo 16, correspondiente al Capítulo II: ‘Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales’, ha sido aprobado en su totalidad, destacando el numeral que establece el no pago de contribuciones a la primera vivienda. Según este numeral, ‘los propietarios de inmuebles destinados a la vivienda principal estarán exentos del pago de contribuciones’.
Reacciones encontradas ante la medida
A pesar de la innovación que representa esta medida, ha generado reacciones encontradas. La consejera Paloma Zúñiga (RD) ha expresado su descontento, señalando que ‘es una pena que hoy, en vez de estar celebrando el derecho a la vivienda, estemos discutiendo si es pertinente o no una exención tributaria que mancha este derecho’.
Por otro lado, desde la bancada republicana, impulsora de esta medida, el consejero Antonio Barchiesi ha argumentado que miles de familias ‘de clase media esforzada’ pagan contribuciones por su casa propia, corriendo incluso el riesgo de ser rematadas. Esta medida busca aliviar la carga tributaria de estas familias.
Desde Unidad para Chile, el consejero Alejandro Köhler (PS) ha señalado que actualmente el 77% de los propietarios ya están exentos de este impuesto, por lo que la medida solo beneficiaría a ‘los más ricos’. Además, ha advertido que la implementación de esta norma afectará fuertemente a los ingresos municipales.
Otras decisiones del Consejo Constitucional
Además del no pago de contribuciones a la primera vivienda, el Consejo Constitucional ha tomado otras decisiones relevantes. Se ha rechazado que los bienes nacionales de uso público sean susceptibles de concesión, y también se ha rechazado la propuesta de exceptuar a los hidrocarburos líquidos o gaseosos como susceptibles de concesiones, tal como está normado en la actualidad.
