El caso del Tren de Aragua sigue generando controversia
La decisión del juez del Tribunal de Garantía de Arica, Héctor Barraza, de ordenar la entrega de las identidades de 56 testigos protegidos en el caso del Tren de Aragua ha generado fuertes críticas por parte del Gobierno y la Corte de Apelaciones. Ambas instituciones cuestionan la medida y consideran que pone en peligro a los ciudadanos involucrados en este caso catalogado como ‘peligroso’ por las autoridades.
Aunque la resolución fue bloqueada, la defensa del clan vinculado al Tren de Aragua ha tenido acceso a sobres con nombres, lo que ha llevado a la reubicación de las personas que han declarado y entregado información en el proceso. El fiscal Mario Carrera ha explicado que se ha invertido en la protección y alojamiento de estas personas para garantizar su seguridad.
El Gobierno y la Corte de Apelaciones reaccionan ante la decisión del juez
Ante esta situación, el Gobierno ha remitido los antecedentes a la Corte Suprema para que se investigue el actuar del juez. El ministro de Justicia, Luis Cordero, ha afirmado que existe la posibilidad de que haya habido un incumplimiento de deberes funcionarios en la forma en que se tomaron las decisiones.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas ha denunciado un atropello a la independencia judicial. Consideran que al revertir el fallo del juez Barraza se pierde la capacidad de los jueces para decidir de manera independiente. La presidente de la ANMM, Mariela Hernández, ha expresado su preocupación por esta intromisión en el poder judicial y ha destacado la importancia de preservar la independencia de los jueces y juezas en el país.
