Escándalo judicial: identidad de testigos protegidos revelada
La polémica y sorpresiva resolución del juez del Tribunal de Garantía de Arica, Héctor Barraza, ha tenido una serie de repercusiones, luego de ordenar, en primera instancia, a la Fiscalía Regional entregar las identidades de 57 testigos protegidos que aportaron su declaración en la causa que investiga a la célula del Tren de Aragua denominada ‘Los Gallegos’.
Tras el recurso interpuesto por el propio Ministerio Público a través del fiscal Mario Carrera, la Corte de Apelaciones frenó el fallo para seguir protegiendo a las personas que declararon en un proceso que ha sido denominado como ‘delicado’ por la peligrosidad de los implicados.
A pesar de la ordenanza, la Defensoría Penal Pública que representa a este clan delictual reconoció que accedió a algunos nombres a través de sobres.
Después de conocerse la decisión del tribunal de alzada de Arica, La Moneda anunció que estudia los pasos a seguir para revisar la actuación de Barraza en este caso. ‘El Gobierno está analizando las facultades constitucionales y legales que tiene para hacer ver que nos parece que es una conducta equivocada y eventualmente negligente… Esta materia será encargada al Ministerio de Justicia, pero quiero decir desde ya que el Gobierno pretende actuar para hacer ver que nos parece que esta conducta es una conducta grave que no debió haber ocurrido’, dijo el subsecretario Manuel Monsalve.
Se abre investigación
En este contexto, la Fiscalía Nacional tomó una decisión e investigará cómo la defensa de ‘Los Gallegos’ accedió a los testigos que declararon en contra de esta célula del Tren de Aragua por diversos delitos. De comprobarse irregularidades o faltas a la ley habrá querellas ‘contra quienes resulten responsables’.
‘Mi rol será esclarecer los hechos y circunstancias en virtud de las cuales el Tribunal de Garantía de Arica entregó información reservada, que contiene la identidad de los testigos que actúan en la causa dirigida contra la banda criminal ‘Los Gallegos», dijo el fiscal Raúl Arancibia, quien estará a cargo del proceso después de la decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia.
Para concretar este paso en Arica, el Ministerio Público se apegará al artículo 246 bis del Código Penal, donde se establece que ‘el funcionario público que revelare o consintiere que otro tomare conocimiento de uno o más hechos ventilados en un procedimiento judicial o administrativo sancionatorio o disciplinario en el cual le hubiere correspondido intervenir bajo un deber de reserva será sancionado con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales’.
