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¡Escándalo! Democracia Viva demanda al Ministerio de Vivienda por término unilateral de convenios

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Democracia Viva demanda al Ministerio de Vivienda por término unilateral de convenios

Democracia Viva, una reconocida fundación, ha presentado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta debido al término abrupto de los convenios que mantenía con el Ministerio de Vivienda. Este hecho ha generado gran controversia y ha llamado la atención de la opinión pública.

La organización, representada por Daniel Andrade, ex pareja de la diputada RD Catalina Pérez, ha expresado su descontento y preocupación por la forma en que el Ministerio de Vivienda ha decidido poner fin a los convenios. Según Democracia Viva, el actuar político poco respetuoso de la rigurosidad técnica necesaria en estos actos administrativos ha llevado a la fundación a recurrir a los tribunales de justicia en busca de un pronunciamiento sobre la ilegalidad y arbitrariedad de esta acción unilateral por parte del Minvu.

En su recurso de protección, Democracia Viva solicita que se ponga término a los convenios suscritos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como la restitución de los montos no ejecutados. La fundación ha dejado claro que su intención desde el principio ha sido devolver los recursos no utilizados.

Tras el término anticipado de los convenios, el Ministerio de Vivienda ha exigido la devolución de $391 millones a Democracia Viva. Además, se ha procedido a embargar 294 millones desde las cuentas bancarias de la fundación para asegurar la restitución de estos recursos.

Conclusión

El recurso de protección presentado por Democracia Viva ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta ha generado gran expectativa y ha puesto en el centro de atención el término unilateral de los convenios con el Ministerio de Vivienda. La fundación busca que se pronuncie sobre la ilegalidad y arbitrariedad de esta acción, así como la restitución de los montos no ejecutados. El desenlace de este caso será determinante para el futuro de las relaciones entre el sector público y las organizaciones de la sociedad civil.

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