El origen del contrato millonario
Mientras el ministro Carlos Montes abordaba el rechazo de la subsecretaría de Vivienda y Urbanismo a la solicitud de Democracia Viva para no restituir más del 90% de los $426 millones que recibieron de parte del seremi de Antofagasta; el representante legal de la fundación, Daniel Andrade, explicó como partió esta operación con Carlos Contreras para asegurar estos fondos que estaban destinados, supuestamente, a trabajos en campamentos.
Según el relato del otrora militante de Revolución Democrática (RD) y ex pareja de la diputada Catalina Pérez, fue el propio seremi el que contactó a esta ONG después de que otras entidades no dejaran satisfecha a la autoridad en trabajos paralelos.
«Nosotros estamos disponibles para aclarar el tema y si hay que llegar a juicio lo haremos. Entregamos aperturas de las cuentas bancarias, las cartolas mías y de la fundación donde se demuestra que no se ha robado ningún peso. El seremi es el que me contacta y me conversa que hay mala evaluación de otras fundaciones para llevar adelante la gran tarea de llegar a las viviendas que había planteado el ministro Montes. Nosotros le dijimos que no teníamos la experiencia y él me dice que no hay problema derechamente, porque había que contratar constructoras», explicó Andrade.
La disposición a devolver el dinero
«Estamos disponibles a devolver las platas. El 1 de junio enviamos un oficio para terminar el convenio de mutuo acuerdo. Ellos buscaron otras razones para terminarlo y luego vino una liquidación, la que es política y no técnica. Nosotros entregamos cada mes las rendiciones, pero nosotros no hemos recibido observaciones. No sabemos las observaciones a las rendiciones. No entendemos bien la posición que ha tomado el Ministerio, porque está todo respaldado y entregado a la fiscalía. Por eso no la hemos podido rendir. Nos dijeron que estaba mal rendida pero no nos dijeron qué», dijo en CHV.
«En particular, nosotros accedimos al levantamiento de diagnóstico, acompañamiento y en infraestructura liviana, donde éramos subcontratados. Así funciona. El proyecto contempla 426 millones con tres convenios de 12 meses a 16 meses. Uno de los convenios comenzó a ejecutarse en noviembre del año pasado y el de construcción en marzo. Ejecutamos mes a mes 131 millones hasta la fecha, eso contemplaba la red húmeda, el radier, la bomba y una estación seca de tarros con arena con un proyecto que el Serviu nos obligó a hacer. La tercera fue acomodar postes que quedaron mal instalados por otras fundaciones», complementó.
Sin boletas y con plazo para devolver el dinero
«Sólo le queda devolver el dinero” fue la frase del ministro Montes con la que presiona a Democracia Viva para la restitución de fondos. Pero hay diferencias, pues el secretario de Estado y la cartera pretenden cerca de $390 millones de regreso, pero Daniel Andrade asegura que es menos por todo lo que alcanzaron a gastar. Esa es la diferencia de criterios que los mantiene enfrentados, obviamente, en paralelo al conflicto de interés que advierte en el Gobierno y que hizo público el titular de Vivienda.
La defensa de Daniel Andrade
«Los $294 millones están en la cuenta y disponibles para devolverlos en el plazo que termina el 14 de agosto. Hay una diferencia que ellos dicen y la que nosotros decimos y rendimos con boletas. Hay recursos en honorarios que se gastan en la comunidad, trabajadores sociales, sociólogos, técnicos, todo para trabajar con la comunidad. Nos enfocamos en capacitación de primeros auxilios, hay formación de cómo ocupar la red seca y red húmeda. No es fácil trabajar con los campamentos donde la gente no se conoce y luego se transforma en una gran ciudad», aseguró Andrade.
«Todo esto está con rendiciones que se entregaron al Ministerio. También se gasta en sueldos y en todo el funcionamiento. Para estas pegas era cinco, seis o siete personas con boleta. El Serviu autorizó la construcción y las contrataciones. Nunca nos pidieron documentos de garantías y nosotros sí le pedimos a las constructoras. No fue el Estado el que lo pidió. No estoy de acuerdo en que este sea el caso emblemático. Esta es una jugada política, es parte de eso, pero no sé cuál», cerró.
