¡Escándalo! Dirección del Trabajo imprime libros ilegalmente por 50 años del Golpe de Estado

Los diputados del Partido Republicano, Juan Irarrázaval y Benjamín Moreno, han presentado una denuncia ante la Contraloría General de la República en contra de la Dirección del Trabajo. La acusación se basa en la autorización y convocatoria a una licitación pública para la impresión de 2.500 libros conmemorativos de los 50 años del Golpe de Estado en el mundo del trabajo.

De acuerdo a los antecedentes entregados por los parlamentarios republicanos, la Dirección del Trabajo habría cometido graves irregularidades en el llamado a licitación realizado el pasado 10 de julio. Se solicitaba la impresión de 2.500 ejemplares, cada uno con 120 páginas, que debían ser entregados en cajas al interior de las dependencias del organismo.

Según lo establecido en la Ley de Presupuestos de ingresos y gastos del sector público para el año 2023, los organismos públicos solo pueden editar memorias y otras publicaciones en medios electrónicos, a menos que exista una ley que indique lo contrario. En este caso, los diputados argumentan que la licitación y el servicio contratado por la Dirección del Trabajo infringen dicha ley, así como los principios de juridicidad y legalidad del gasto público.

El diputado Juan Irarrázaval ha expresado su indignación ante esta situación, señalando que es incomprensible que el Gobierno esté subiendo impuestos mientras se utiliza el dinero de los chilenos para fines ideológicos sin utilidad para el país. En un momento en que Chile necesita un buen uso de los recursos públicos, se está malgastando dinero en impresiones de libros que están prohibidas por ley, ley que, además, fue elaborada por el mismo Gobierno. Irarrázaval afirma que el país ya no tolera un gobierno que actúe fuera de la legalidad.

Por su parte, el diputado Benjamín Moreno ha destacado que la impresión de estos 2.500 ejemplares es una prueba más de que para este Gobierno la ideología está por encima de la agenda país y de las necesidades reales de los chilenos. La irresponsabilidad en el gasto fiscal afecta directamente a quienes más lo necesitan, y el Gobierno parece no entenderlo. Moreno exige que la licitación sea anulada y que la Contraloría investigue y establezca las responsabilidades administrativas correspondientes.