El robo de cables: un problema en aumento
Enel Distribución, la compañía eléctrica líder en la Región Metropolitana, ha reportado un incremento alarmante en los casos de robo de cables durante el primer semestre del año. En el año anterior, se registraron 759 casos de robo de cables, lo que representó un aumento del 314% en comparación con el año 2021. Y durante los primeros seis meses de este año, ya se han contabilizado 413 casos, lo que significa un incremento del 17% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Estos robos de cables han generado graves consecuencias tanto para la compañía como para la comunidad. Hasta el 30 de junio, se sustrajeron un total de 30.975 conductores, lo que ha obligado a Enel Distribución a destinar cerca de $894 millones para atender las fallas y restituir los cables robados. Además del impacto económico, estos robos afectan la calidad del servicio eléctrico, causando variaciones de voltaje e interrupciones en el suministro de energía.
Un riesgo para la comunidad
El aumento progresivo de los robos de cables no solo afecta la calidad del servicio eléctrico, sino que también representa un grave riesgo para las personas. Tanto los vecinos, los trabajadores de Enel Distribución como los propios autores de estos delitos están expuestos a peligrosas situaciones. Es por eso que la compañía considera necesario que exista una ley específica que regule la compra y venta de cobre proveniente del robo de cables, y que se haga cargo de las consecuencias negativas que esto provoca.
Impacto en la comunidad
Durante este primer semestre, se han sustraído aproximadamente 30 kilómetros de cables eléctricos de la red de distribución, lo que equivale a 35 toneladas de cobre. Estos robos han afectado a un estimado de 126.895 clientes, quienes han experimentado variaciones de voltaje e interrupciones en el servicio eléctrico. Las comunas más afectadas han sido Santiago, Recoleta, Providencia, Las Condes e Independencia.
Conclusiones
El robo de cables se ha convertido en un problema cada vez más grave en la Región Metropolitana. Los altos costos económicos y las consecuencias negativas para la calidad del servicio eléctrico y la seguridad de las personas hacen necesario tomar medidas urgentes para combatir este delito. La implementación de una ley específica que regule la compra y venta de cobre proveniente del robo de cables podría ser una solución efectiva para frenar esta problemática.
