Escándalo en el país: mal uso de recursos en fundaciones
Las fundaciones y los millonarios montos que reciben del Estado se han transformado en un tema nacional. Desde que ‘explotó’ el caso de Democracia Viva con el seremi de Vivienda de Antofagasta, se ha evidenciado un modus operandi que ha salpicado a autoridades del país y que ahora tiene en alerta a la Contraloría General de la República.
El millonario acuerdo de la fundación de la ex pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, con Carlos Contreras por 426 millones de pesos, ha motivado querellas y el análisis de documentos que han puesto a otras ONG como Urbanismo Social y la Fundación para la Superación de la Pobreza en la mira del ministro Carlos Montes de Vivienda (Minvu).
Ante este complejo panorama, la Contraloría ha solicitado la suspensión de los pagos a todas las fundaciones que tienen contratos con el Estado. Esta determinación ha sido informada por el jefe de la Dirección Jurídica de la Contraloría, Camilo Mirosevic, y posteriormente hecha pública por el contralor Jorge Bermúdez.
La falta de regulación y el mal uso de recursos
La situación actual pone en evidencia la falta de regulación en cuanto a cómo están establecidas legalmente estas instituciones. El Estado chileno ha optado por permitir que fundaciones privadas ejerzan funciones que normalmente son públicas, lo que ha llevado a la transferencia de cientos de miles de millones de pesos cada año, sin los debidos resguardos.
El contralor Bermúdez ha señalado que esta falta de regulación ha dado lugar a situaciones de mal uso de recursos e incluso de corrupción. Esta problemática está en constante cambio, como si fuera un virus, y el Estado siempre va a la saga de este mal que afecta a la democracia.
Conclusiones
El escándalo del mal uso de recursos en fundaciones ha generado una gran preocupación en el país. La Contraloría ha tomado medidas drásticas al suspender los pagos a estas instituciones, con el objetivo de aclarar la situación y evitar futuros casos de corrupción. Es necesario que se establezcan regulaciones más estrictas para garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.
