El convenio millonario que ha generado controversia
La diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática (RD) se encuentra en el ojo del huracán por un convenio al que llegó su pareja con el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras, que ha generado serios cuestionamientos y ha llevado a la renuncia del funcionario. La Fundación Democracia Viva, donde participaba Daniel Andrade como representante legal, recibió 426 millones de pesos de la secretaría regional ministerial como apoyo de la cartera para la iniciativa de intervenir en campamentos y trabajar con el objetivo de erradicarlos en una zona donde esta problemática ha aumentado con los años producto, en gran medida, de las cifras de inmigración ilegal.
El convenio se realizó en tres pagos: el 3 de octubre la fundación recibió $200 millones, 24 días después fue depositado un monto de $170 millones y el 19 de diciembre otros $56 millones que eventualmente estaban destinados a proyectos sociales con familias que viven en este tipo de asentamientos.
La renuncia del Seremi y la reacción de la diputada Pérez
Ante las acusaciones de conflicto de interés, el ahora ex seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta explicó que su decisión está basada en no permitir que se enlode la gestión del Gobierno en esta zona del país y la labor de la fundación en esta materia. Por su parte, la parlamentaria envió un oficio a la Contraloría General de la República para revisar el convenio y, según ella, dejar en claro que no existen irregularidades.
La oposición ha pedido que la diputada deje la vicepresidencia de la Cámara Baja y exigen que el órgano contralor tome medidas. La diputada ha defendido su gestión y ha asegurado que no tolerará que se busque enlodar su trabajo sin pruebas. “(Lo hago) para despejar cualquier duda que algunos inescrupulosos han buscado instalar sobre convenios suscritos en mi región, en los que no tengo ninguna participación o injerencia”, explicó Pérez durante el fin de semana.
Conclusiones
El convenio millonario entre la pareja de la diputada Pérez y el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta ha generado una gran controversia y ha llevado a la renuncia del funcionario. La diputada ha defendido su gestión y ha enviado un oficio a la Contraloría General de la República para revisar el convenio y demostrar que no existen irregularidades. La oposición ha pedido medidas y ha solicitado que la diputada deje la vicepresidencia de la Cámara Baja. La situación sigue en desarrollo y habrá que esperar a ver qué medidas toma el órgano contralor.
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