Comisión investigadora descarta irregularidades en indultos a presos del 18-O
La comisión investigadora de la Cámara de Diputados por los indultos presidenciales a presos del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna entregó sus conclusiones y descartó un actuar irregular en la entrega del beneficio.
En la sesión, el grupo parlamentario puso en votación dos propuestas, una de oficialismo y otra de oposición. Ambas presentaron diferencias en relación a si hubo o no irregularidades legales en la entrega de los beneficios. Sin embargo, hubo un punto de encuentro en las conclusiones propuestas, recomendar al Gobierno una modificación a la Ley de Indultos.
De los dos textos, la instancia respaldó, con 7 votos a favor y 6 en contra, el informe elaborado por el oficialismo. Mientras que, rechazó, con 6 votos favor y 7 en contra, el escrito propuesto por la oposición.
El texto asegura que “la tramitación de las solicitudes aquí en cuestión se ha sujetado estrictamente a los procedimientos establecidos en la normativa legal vigente, de la misma forma en que se ha venido haciendo en los últimos años y que constituye la práctica administrativa asentada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.
Sobre los informes del tribunal de conducta de Gendarmería, el documento afirma que “estos no son vinculantes en sí mismos, pues la decisión se adopta considerando todos los antecedentes adicionales y el contexto en que se ejerce la atribución en análisis”. Por otro lado, se asegura “la inexistencia de irregularidades en la tramitación” y que los indultos “han sido correctamente dictados desde el punto de vista del derecho administrativo. Desde el punto de vista de un examen legal, los decretos cumplen con todos los requisitos legales para producir sus efectos”.
En resumen, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados concluyó que no hubo actuar irregular en la entrega de los indultos presidenciales a presos del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna, respaldando el informe elaborado por el oficialismo y recomendando al Gobierno una modificación a la Ley de Indultos.
