Netanyahu presiona para que se apruebe una ley que le permita cerrar la cadena Al Jazeera en Israel
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha solicitado a Ofir Katz, jefe de la coalición gobernante, que apruebe un proyecto de ley para cortar la retransmisión en Israel del canal de noticias Al Jazeera. Según informa EFE, si esta ley es aprobada en el Parlamento israelí, conocido como Knéset, Netanyahu obtendrá poderes para cerrar temporalmente medios extranjeros cuyas informaciones sean consideradas perjudiciales para la seguridad nacional.
En un comunicado emitido a fines de octubre por el ministerio de Comunicaciones de Israel, se indicó que una vez que la ley sea aprobada, tendrá efecto inmediato. Shlomo Karhi, ministro de Comunicaciones, declaró en aquella oportunidad que «Israel está en guerra. En tierra, en el aire, en el mar y en las ideas. No permitiremos que las transmisiones dañen la seguridad del Estado». Además, acusó a Al Jazeera de incitar a favor de Hamás y de exponer a las tropas israelíes a emboscadas.
El proyecto de ley no solo permitirá la suspensión de la cadena Al Jazeera, sino también el cierre de sus oficinas, la revocación de las credenciales de los periodistas y el embargo de sus bienes. Esta medida ha generado controversia, ya que algunos la consideran un acto de censura por parte del gobierno israelí, mientras que otros la ven como una necesidad para proteger la seguridad nacional.
La cadena Al Jazeera ha sido objeto de ataques en la zona de conflicto, y varios periodistas han perdido la vida, como Hamza Wael Dahdouh y Mustafa Thuria. Reuters informa que el portavoz del partido de Netanyahu, Likud, ha confirmado que el parlamento se reunirá durante esta noche para ratificar la ley, lo que permitirá al primer ministro israelí tomar medidas inmediatas para cerrar Al Jazeera de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley.
Conclusión
La propuesta de ley para cerrar Al Jazeera en Israel plantea un debate entre la censura y la protección de la seguridad nacional. Mientras que algunos argumentan que esta medida es necesaria para salvaguardar los intereses del Estado, otros la consideran una violación a la libertad de prensa y una forma de censura. La decisión final recae en el Parlamento israelí, que deberá evaluar cuidadosamente los argumentos presentados por ambas partes antes de tomar una determinación.
