El juez Urrutia autoriza videollamadas en la Cárcel de Alta Seguridad
El juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, ha generado gran preocupación en Gendarmería al conceder algunos beneficios a cuatro reos de la Cárcel de Alta Seguridad en Chile. Según un reportaje de Meganoticias, el juez Urrutia ha autorizado la realización de videollamadas de internos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) con terceras personas. Esta resolución ha desatado la polémica y ha sido cuestionada por las autoridades penitenciarias, ya que esta situación pondría en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada.
Las consecuencias de la resolución del juez Urrutia
Ante la controversia y los reclamos que ha causado, el juez Daniel Urrutia ha ratificado su resolución. Es por ello que la institución ha acudido a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde han presentado un recurso para alertar sobre la gravedad de la determinación. Según el documento al que ha accedido el medio citado, la administración interna del REPAS exige estándares de seguridad y segmentación mucho más elevados debido al perfil criminológico de la población penal y al nivel de operatividad del crimen organizado.
La posibilidad de que los reos se puedan comunicar con otras personas es particularmente grave, ya que mediante una resolución judicial se pretende establecer un Régimen Penitenciario excepcional, poniendo en jaque a la administración. Ante este reclamo, la Justicia ha suspendido el dictamen del juez.
Los reos involucrados en las videollamadas
Gendarmería ha dado a conocer que dos integrantes del Tren de Aragua, Carlos González (alias El Estrella) y Hernán Landaeta (alias El Satanás), han realizado videollamadas desde la Cárcel de Alta Seguridad. Estos reos, que se encuentran en prisión preventiva, han conversado con sus familiares en dichas llamadas. El hecho fue descubierto por dos gendarmes, quienes notaron que los reos estaban entablando conversación con mujeres a través de un teléfono.
El alcaide (s) del penal, Sebastián Mérida, comunicó esta situación al juez de garantía y explicó que, al desconocer la identidad de las personas que hablan con los internos, esto afecta la seguridad del recinto.
Conclusiones
El escándalo de las videollamadas autorizadas por el juez Urrutia en la Cárcel de Alta Seguridad ha generado gran preocupación en las autoridades penitenciarias. La seguridad del personal y de la población encarcelada se ve comprometida ante la posibilidad de que los reos se comuniquen con terceras personas. La Justicia ha tomado medidas suspendiendo el dictamen del juez, pero queda por resolver el impacto que esto tendrá en el sistema penitenciario y en la lucha contra el crimen organizado.
