Contraloría rechaza solicitud del INDH para anular sumario por pensiones de gracia
La Contraloría ha tomado una decisión que ha dejado a todos sorprendidos. En un revés para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el ente fiscalizador ha rechazado su solicitud de anular el sumario instruido por el organismo para investigar las irregularidades en el registro de beneficiarios de pensiones de gracia durante el estallido social de 2019.
El INDH argumentaba que la responsabilidad de acreditar a los beneficiarios como víctimas recaía en el Ministerio del Interior y no en ellos, ya que no contaban con las facultades necesarias para hacerlo. Sin embargo, la Contraloría ha desestimado esta argumentación y ha afirmado que el INDH sí tenía las facultades y era la institución encargada de acreditar las violaciones a los derechos humanos.
En su informe, la Contraloría ha señalado que el INDH tenía la posibilidad de requerir información, documentación o certificaciones a otras entidades que hubieran brindado atención médica, jurídica u otra ayuda a los peticionarios, pero no lo hizo. Esto revela una falta de diligencia por parte del instituto en la verificación de los antecedentes de los beneficiarios de las pensiones de gracia.
Graves irregularidades en el registro de beneficiarios
El informe de la Contraloría también ha revelado graves irregularidades en el registro de beneficiarios de pensiones de gracia. Se ha descubierto que 58 beneficiarios tenían condenas, incluyendo delitos graves como homicidio, producción de material pornográfico infantil y abuso sexual. Además, se ha evidenciado que no se realizó un proceso adecuado para acreditar los antecedentes médicos de los postulantes. Incluso, 19 de ellos no tenían un acta que comprobara una supuesta lesión y los respaldos médicos presentados eran poco legibles, sin diagnóstico claro o con fechas anteriores a octubre de 2019.
Estas revelaciones han generado un escándalo en el país, ya que demuestran una falta de rigurosidad en la entrega de pensiones de gracia a personas que no cumplían con los requisitos necesarios. Desde el Ejecutivo han señalado que se trata de un problema heredado del gobierno anterior, pero esto no exime de responsabilidad a quienes estuvieron a cargo de la entrega de estas pensiones durante el estallido social.
Conclusiones
La decisión de la Contraloría de rechazar la solicitud del INDH para anular el sumario por pensiones de gracia ha dejado al descubierto graves irregularidades en el registro de beneficiarios durante el estallido social de 2019. Estas irregularidades incluyen la entrega de pensiones a personas con condenas por delitos graves y la falta de verificación adecuada de los antecedentes médicos de los postulantes. Este escándalo pone en entredicho la transparencia y la eficiencia de los procesos administrativos del Estado y exige una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades correspondientes.
