Empresas de subcontratación demandan a Ministros por cambios en la Ley de Inclusión Laboral
Siete empresas de subcontratación, servicios transitorios y recursos humanos han impugnado al Presidente Gabriel Boric, al ministro de Hacienda Mario Marcel y a la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, debido a la modificación reciente en la Ley de Inclusión Laboral.
En abril de 2017, entró en vigor una norma que requería que las empresas con 100 o más empleados contrataran al menos un 1% de personas con discapacidad. Sin embargo, el Decreto Supremo 36 del 3 de noviembre del presente año cambió este requisito, solicitando incluir esta información en la planilla de pago de cotizaciones previsionales, asumiendo que los trabajadores con necesidades especiales ya están contratados.
Este cambio ha generado complicaciones para las empresas subcontratistas, ya que muchos de estos empleados con discapacidad trabajan por menos de 30 días. Ante esta situación, la diputada y presidenta de la Comisión de Discapacidad, Catalina del Real, ha expresado su preocupación y ha solicitado citar a los Ministros de Hacienda y Trabajo para abordar esta problemática.
Las complicaciones de las empresas subcontratistas
La ley original pedía a las empresas informar mensualmente a la Dirección del Trabajo sobre el número de empleados con discapacidad. Sin embargo, el cambio en el requisito ha generado incertidumbre y dificultades para las empresas subcontratistas, especialmente aquellas cuyos trabajadores con discapacidad tienen contratos de duración limitada.
Además, existen otras modificaciones en la ley, como los periodos de cálculos y de ejecución de medidas subsidiarias, que aún no han sido aclaradas por un dictamen de la Dirección del Trabajo. Esto ha generado preocupación, ya que las empresas deben iniciar su proceso de declaración de cumplimiento el 1 de enero de 2024.
Ante esta situación, la diputada Catalina del Real ha enfatizado la importancia de la participación activa del Gobierno y el diálogo con los sectores afectados para ajustar la legislación y garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
La opinión de los parlamentarios
La diputada RN Carla Morales ha señalado que estos cambios han generado más incertidumbres que certezas, y ha destacado la falta de fiscalización en la Ley de Inclusión Laboral. Morales ha enfatizado la necesidad de mejorar esta norma y abordar las deficiencias existentes para garantizar la contratación efectiva de personas con discapacidad.
Por su parte, el congresista Jorge Guzmán ha explicado que esta ley tiene grandes falencias que deben ser perfeccionadas, mejorando la fiscalización y promoviendo la concientización en el mundo público y privado en materia de inclusión laboral. Guzmán ha criticado la forma en que se han realizado los cambios en la legislación, sin escuchar a todos los actores involucrados y generando complicaciones en lugar de ampliar la contratación de personas con discapacidad en las empresas.
En conclusión, las demandas realizadas por las empresas de subcontratación evidencian las dificultades y complicaciones generadas por los cambios en la Ley de Inclusión Laboral. Es fundamental que el Gobierno escuche a los sectores afectados y realice los ajustes necesarios para garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
