La bancada de diputados de Evópoli exige a Contraloría investigar la legalidad de la paralización de profesores en Atacama
La bancada de diputados de Evópoli ha presentado este miércoles un requerimiento en Contraloría que busca instaurar responsabilidades administrativas ante la paralización de profesores en Atacama y que hoy tiene sin clases a más de 30 mil alumnos a cargo de los Servicios Locales de Educación.
El documento enfatiza que tiene como finalidad determinar si los funcionarios docentes de Atacama han incurrido en incumplimiento de sus deberes y en la violación de los principios de probidad administrativa, señalando cuáles son las implicaciones legales y administrativas de dicha conducta, así como sus posibles sanciones.
Al respecto, el diputado Francisco Undurraga, señaló que «quiero decirle al ministro de Educación que no sólo está traicionando la fe de las familias y los padres de los alumnos de Tocopilla, sino que adicionalmente está traicionando una promesa de campaña no solamente del Presidente Boric sino adicionalmente del Frente Amplio».
«Hoy día no tenemos una voz efectiva y eficiente del ministro de Educación, tampoco del Colegio de Profesores que está complaciente ante sus asociados. Hacemos un llamado al Presidente de la República, que no solamente aumentemos el presupuesto de la cartera, sino que le demos educación a todos los estudiantes de nuestro país», puntualizó Undurraga.
Las consecuencias para los estudiantes
Por su parte, el diputado Jorge Guzmán, indicó que «como bancada de Evópoli, podemos comprender las necesidades del sistema educativo, pero lo que no podemos comprender es que las consecuencias la paguen los estudiantes, más de 70 días sin clases, claramente les perjudica su presente y sin duda también su futuro».
Guzmán agregó que, «es por ello que recurrimos a la Contraloría General de la República para que esta se pronuncie respecto de la legalidad de esta huelga, considerando que hay normas del estatuto docente que establece que el ausentismo de un profesor por más de dos días a su establecimiento educacional».
Preocupación por la educación pública en Magallanes
En tanto, el diputado Christian Matheson, enfatizó que en la región de Magallanes podría ocurrir lo mismo que en Atacama. «En 2024 la educación pública también será traspasada a SLEP y vemos que en la Ley de Presupuesto no se consideran los recursos necesarios para cancelar las remuneraciones de los profesores y asistentes de la educación, solo se contempla hasta el mes de septiembre de 2024, lo que podría significar un paro prolongado en Magallanes en cuanto a educación y eso influiría negativamente a los estudiantes de la educación pública.
«Mi llamado es al Ejecutivo para que considere los recursos necesarios totales para 2024 en esta materia. Hasta el momento tiene considerado $52 mil millones y se requieren $78 mil millones para cumplir las obligaciones», indicó.
Compromiso por los niños y la educación emocional
Finalmente, el diputado Hotuiti Teao, fue enfático en señalar que «sostuvimos una productiva reunión con el ministro Cataldo hace un par de semanas, en donde establecimos un compromiso de trabajo por los niños de nuestra región y también por sacar adelante una Ley de Educación Emocional. Ministro, ese mismo compromiso de poner el bien superior del Niño por sobre cualquier acto de burocracia estatal, le pido en este caso».
Además, el parlamentario agregó que «en la región (de Valparaíso), este año también han existido movilizaciones por falta de insumos y déficit de infraestructura, es por esto espero se evalúe la postergación de la implementación de los nuevos SLEP en 2025 en Petorca, Concón, Villa Alemana y Quilpué».
