El Tribunal Constitucional (TC) culminó el periodo de observaciones en el requerimiento presentado por la Asociación de Magistrados y Magistradas de Chile. Este proceso busca impugnar la constitucionalidad de las normativas que rigen la remoción de jueces, dejando la causa lista para los próximos alegatos de las partes.
La presentación específica de la Asociación se dirige a ciertas disposiciones del Código Orgánico de Tribunales. Estas normas son clave en los procedimientos de remoción que se han iniciado por casos de viajes al extranjero mientras los jueces estaban con licencias médicas.
Según explicó Elisa Walker, abogada de la Asociación, tanto su organización como el Consejo de Defensa del Estado —que representa a la Corte Suprema en el caso— ya entregaron sus argumentos al TC. “El Tribunal Constitucional ha dado término a este período de observaciones y la causa ya estaría en condiciones para, más adelante, que se cite a ambas partes para presentar sus respectivos alegatos sobre esta materia”, detalló Walker.
A pesar de este avance, una decisión favorable para los magistrados no significaría automáticamente un impacto en los procedimientos de remoción que la Corte Suprema tramita actualmente. Así lo advirtió Felipe Lizama, académico de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago.
Una sentencia estimatoria, a mi juicio, solo impediría al juez laboral aplicar esos preceptos en el marco de la tutela laboral, sin que ello comprendiera los cuadernos, ni menos creo yo que invalidara los acuerdos del pleno. No veo, no diviso la posibilidad que eso surja efectos concretos que impidan la materialización del cuaderno de remoción.
Lizama aclaró que el requerimiento es de inaplicabilidad y está vinculado a una causa laboral específica. Esto implica que su alcance no permitiría eliminar las normas cuestionadas con efectos generales, sino únicamente impedir su aplicación en el juicio laboral que originó la acción. El académico añadió que la facultad de remoción tiene un respaldo directo en la Constitución, específicamente en su artículo 80, lo que dificultaría que la inaplicabilidad de las normas del Código Orgánico de Tribunales impida la concreción de estos procedimientos.