Un estudio de la Universidad Diego Portales (UDP) reveló importantes vacíos legales en los procedimientos de desalojo de campamentos, identificando la ausencia de garantías para las familias afectadas. La investigación también cuestiona los efectos de la Ley de Usurpaciones en estos procesos.
El informe, que forma parte del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2026, subraya que, pese a los esfuerzos de la Corte Suprema para establecer condiciones mínimas durante los desalojos, la respuesta del Estado no cumple con los estándares internacionales sobre el derecho a una vivienda adecuada.
El capítulo fue elaborado por la abogada Tatiana Torres Montenegro, quien analizó 22 sentencias de la Corte Suprema y cortes de apelaciones entre enero de 2022 y julio de 2026, además de la legislación vigente. Entre sus conclusiones, destaca que Chile no posee una normativa que prohíba explícitamente los desalojos forzosos, tal como los define el derecho internacional, ni que garantice protección a los afectados antes, durante y después de estos procedimientos.
La problemática es relevante si se considera que, según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de Techo-Chile, de los 1.428 campamentos registrados en el país, 447 se encontraban bajo amenaza de desalojo. De ellos, un 55,2% afirmó haber recibido una notificación formal.
Uno de los hallazgos principales de la investigación se refiere a las diferencias entre las vías judiciales usadas para resolver conflictos entre propietarios y ocupantes irregulares. Si bien la Corte Suprema ha avanzado en fijar condiciones para ejecutar desalojos, estas garantías se enfocan en la ejecución y no cubren adecuadamente las etapas previas y posteriores, ni incluyen mecanismos para verificar su cumplimiento.
La situación se complejiza con la Ley 21.633, conocida como Ley de Usurpaciones, que incorporó el artículo 157 ter al Código Procesal Penal. Esta disposición permite solicitar judicialmente el desalojo de un inmueble ocupado en cualquier fase de la investigación, incluso antes de la formalización.
“Que el Estado recupere terrenos ocupados ilegalmente es un fin legítimo, y el Informe no lo discute. Lo que examina es el medio”, sostuvo Marcela Zúñiga, editora general del Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP.
Zúñiga explicó que actualmente coexisten dos vías para los desalojos, con distintos grados de protección. “Hoy conviven dos vías para desalojar, y la más reciente es la que exige menos garantías. Por lo general, las personas desalojadas no son individualizadas ni notificadas, no tienen abogado y no son escuchadas”, afirmó.
Además, no existe un registro oficial que permita cuantificar los desalojos o verificar si las familias afectadas recibieron alternativas habitacionales o medidas de protección. El estudio enfatiza que la falta de regulación deja aspectos cruciales de los desalojos a la discreción judicial, sin un sistema que supervise la protección de las familias.
Entre las principales dificultades identificadas se encuentran los procedimientos de notificación, la posibilidad de que los afectados sean escudriñados.