La Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó que Birmania (Myanmar) actuó con la «intención de destruir una parte sustancial» de la minoría musulmana rohinyá. Esta determinación se basa en la ofensiva militar de 2017 en el oeste del país, donde se probaron asesinatos masivos, violencia sexual y ataques contra menores.
El tribunal de Naciones Unidas examinó una vasta cantidad de pruebas y estableció que la única explicación razonable para las acciones de Birmania es la «intención de destruir» a una gran parte de la población rohinyá en el norte del Estado de Rakáin. Esta conclusión es crucial para establecer jurídicamente el genocidio, pues la Convención contra el Genocidio exige demostrar tanto los actos como la «intención» de aniquilar parcial o totalmente a un grupo.
La sentencia detalla que las fuerzas de seguridad birmanas ejecutaron «asesinatos indiscriminados», separaron y ejecutaron hombres, y perpetraron actos generalizados de violencia sexual durante las operaciones militares. Los jueces consideraron que las pruebas respaldan la estimación de que unas 10.000 personas de esta minoría fueron asesinadas. Además, se registraron «actos de extrema violencia contra menores» y ataques a quienes intentaban huir hacia Bangladés.
La Corte también encontró probado que las aldeas rohinyás fueron «destruidas sistemáticamente» y reemplazadas por nuevas infraestructuras, repoblándose las zonas con personas ajenas a la minoría. Se determinó que la ofensiva causó «graves daños físicos y mentales» a un elevado número de rohinyás y que Birmania impuso medidas para «impedir» los nacimientos en la comunidad, conducta también prohibida por la Convención contra el Genocidio.
La minoría musulmana rohinyá ha sufrido décadas de discriminación y restricciones de derechos, incluyendo la falta de reconocimiento de su ciudadanía. Gambia presentó la demanda ante la CIJ en 2019, con el apoyo de la Organización de Cooperación Islámica, y otros once países intervinieron posteriormente.
Durante las audiencias de enero, la delegación gambiana presentó testimonios de supervivientes, que declararon a puerta cerrada. Birmania, por su parte, rechazó las acusaciones, argumentando que sus operaciones de 2016 y 2017 respondieron a ataques del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA), calificado de grupo terrorista.
Este caso busca determinar si Birmania, como Estado, incumplió sus obligaciones internacionales de prevenir y castigar el genocidio, no juzgar penalmente a individuos. Si se confirman las acusaciones, sería la primera vez que la CIJ establece la responsabilidad de un Estado por genocidio. La sentencia, aún en lectura, es definitiva e inapelable.