Francia: empleados públicos exigen alzas salariales tras reunión fallida

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Millones de empleados públicos en Francia se movilizan en una gran jornada de protestas este martes 17 de noviembre, exigiendo aumentos salariales y denunciando una significativa pérdida de poder adquisitivo. Las movilizaciones ocurren tras un encuentro fallido con el primer ministro Sébastien Lecornu, donde las demandas sindicales no fueron atendidas.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha anticipado cerca de 190 manifestaciones en todo el país. Solo en París, una marcha clave partirá desde la plaza de la Nación hasta la plaza de Italia a las 14:00 horas locales (10:00 en Chile).

Esta protesta se suma a un amplio movimiento social que afecta a Francia desde hace casi dos meses. El descontento se intensificó tras la reunión del viernes 13 de noviembre, donde Lecornu no logró calmar a las organizaciones sindicales, que esperaban un alza general de sueldos similar a la anunciada para el sector privado.

Los sindicatos abandonaron la sede de Matignon frustrados por la negativa a su principal exigencia. Consideran que las medidas ofrecidas no responden a la urgencia salarial que enfrentan los 5,8 millones de empleados públicos del país. La mayoría de las organizaciones ya habían convocado a la huelga antes de este encuentro.

La Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) se unió a las movilizaciones el viernes, expresando su decepción con el gobierno. Esta es la tercera jornada unitaria de movilización y huelga en el sector público desde el regreso a clases, siguiendo a las protestas del 29 de septiembre y 5 de noviembre.

Además, las manifestaciones cuentan con el apoyo de Interfac IDF, una asamblea de estudiantes universitarios de la región parisina, la intersindical juvenil (USL-Fage-Unef-Union estudiantil) y una coordinación de chalecos amarillos.

Los trabajadores buscan presionar al Gobierno para que descongele el valor del punto de índice, base para calcular el salario de los funcionarios. El Ejecutivo, en su proyecto de presupuesto para 2027, ha rechazado cualquier aumento general por cuarto año consecutivo, una postura que los sindicatos consideran inaceptable.

Según las organizaciones, los empleados públicos han perdido un 16% de su poder adquisitivo desde 2017. Esta situación ha llevado a una “smicardización” de parte de los trabajadores, donde el salario base de 1,1 millones (cerca del 20% del total) quedaría por debajo del salario mínimo con la revalorización prevista para el 1 de diciembre, exacerbando la crisis en un contexto de alta inflación.

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