El exministro de Justicia, Hernán Larraín, ha cuestionado públicamente la propuesta de derogar la ley de rebajas de condena. Argumenta que esta medida, impulsada como respuesta a la crisis del Gobierno, podría agravar la situación carcelaria y aumentar la reincidencia si no se acompaña de políticas de reinserción social.
Larraín también criticó las decisiones del actual ministro Fernando Rabat, específicamente los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores. Calificó estas acciones como una “equivocada interpretación ministerial de la ley vigente”, aunque rechazó que justifiquen una acusación constitucional.
En una carta publicada en La Tercera, el exministro alertó sobre una serie de decisiones que, a su juicio, han profundizado la crisis. “El afán del gobierno —que se suma al del parlamento— de solucionar el dilema derogando la ley de rebajas de condenas de 2003 lo agrava y enciende el temor de un rebrote del populismo punitivo”, sostuvo.
Su defensa se basa en que el sistema penitenciario no solo debe castigar, sino también preparar a los reclusos para su regreso a la sociedad. Esto implica programas de educación, capacitación y tratamiento de adicciones. “El fin de la pena no es únicamente retributivo vía privación de libertad; también lo es preparar al condenado para su reinserción social”, afirmó Larraín.
En este sentido, el exsecretario de Estado enfatizó la importancia de mantener herramientas que fomenten la buena conducta y la participación en programas de rehabilitación dentro de las cárceles. “Si no cortamos ese círculo vicioso a través de mecanismos robustos de reinserción, no reduciremos la criminalidad”, añadió.
Larraín aclaró que la existencia de las rebajas de condena no significa que todos los sentenciados deban acceder a ellas. Recordó que durante el gobierno de Sebastián Piñera, se excluyó a los abusadores de menores de este beneficio, y sugirió que esa restricción podría ampliarse.
“Podrá ciertamente reformularse, pero suprimir una herramienta de uso internacional, sin presentar en forma simultánea una política integral de reinserción social, solo contribuirá a aumentar la reincidencia y a recrudecer la situación delictual (y carcelaria) existente”.
Para Larraín, la reinserción es un factor directo en la seguridad pública. “Reinsertar es un acto de humanidad que posee un poderoso efecto práctico”, concluyó.
A pesar de su defensa de la ley, el exministro no respaldó el criterio aplicado por el actual Ministerio de Justicia bajo Fernando Rabat. Calificó las rebajas concedidas a reos por delitos sexuales contra menores como “un desacierto del gobierno reconocido por el propio presidente Kast”.
Subrayó que la raíz de este problema es una “equivocada interpretación ministerial de la ley vigente, fallo de naturaleza política, no jurídica”. Sin embargo, criticó la preparación de una acusación constitucional contra Rabat por este hecho.
A su juicio, recurrir a esa herramienta en este contexto “solo añade un nuevo malentendido, distorsionando el sentido de este instrumento y repitiendo prácticas que en el pasado agudizaron la desconfianza ciudadana”.
Larraín instó a la prudencia para evitar que un error desencadene una serie de equivocaciones. “¿Será posible apelar a la prudencia y la sensatez para no prolongar esta cadena de errores y evitar así una tragedia al mejor estilo shakesperiano?”, reflexionó.
