El Gobierno anunció este lunes la paralización de la tramitación de todos los decretos de rebaja de condena, sin importar el tipo de delito. Esta decisión, comunicada por el vocero Gonzalo Arenas, contradice las declaraciones del Ministerio de Justicia que, apenas la noche del domingo, defendía la obligación legal de firmar estos beneficios, con la única excepción de delitos sexuales contra menores.
Un detalle crucial emerge: según Arenas, el ministro Fernando Rabat había ordenado suspender todas las rebajas desde el jueves 5 de noviembre. Esto ocurrió cuatro días antes de que el Gobierno hiciera pública la medida.
La nueva versión surge después de que un medio de comunicación revelara un decreto firmado por Rabat precisamente ese jueves, que redujo en diez meses la condena de un homicida. El Ministerio de Justicia aún no ha explicado por qué, tres días después de esa supuesta suspensión general, seguía justificando la continuidad de estos beneficios.
Fuentes de La Moneda indicaron que la decisión de detener las rebajas fue informada por Justicia el pasado viernes por la tarde, posterior al comité político. Esto se dio tras el respaldo de los participantes a la derogación de la norma, “habida cuenta de la discusión pública que se ha generado”.
El caso que originó esta controversia es el de Peter Andrés Rojas Gallardo, condenado a cinco años de cárcel por el homicidio de un adulto mayor de 83 años en Catemu, región de Valparaíso.
El 5 de noviembre, Rabat firmó un decreto que benefició a Rojas Gallardo con una rebaja de diez meses en su condena. El documento también cuenta con la firma de la subsecretaria de Justicia, Josefina Soto.
Sobre este caso, el Ministerio de Justicia había explicado a este medio que la suspensión anunciada el 23 de octubre, en medio de la polémica por los 56 decretos que beneficiaron a condenados por delitos sexuales contra menores, solo aplicaba a esos delitos graves. Para las demás condenas, sostenían, era necesario seguir aplicando la ley.
Sin embargo, la cartera no mencionó que Rabat ya habría ampliado la suspensión a todos los delitos. Así, mientras Justicia defendía la obligación de seguir concediendo estas rebajas, La Moneda ahora sostiene que el propio ministro había ordenado paralizarlas días antes.
Consultado este lunes sobre el decreto que benefició al condenado por el homicidio de Catemu, el vocero de Gobierno reiteró inicialmente que el compromiso original de Rabat solo cubría la suspensión de rebajas para delitos sexuales contra menores.
Pero luego añadió un nuevo antecedente: según Arenas, ante el apoyo del Ejecutivo a un proyecto para derogar completamente la Ley 19.856,
“el ministro (Rabat) también ha sumado la decisión de paralizar cualquier decreto desde el jueves anterior”
.
El vocero aclaró que
“ya no se van a tramitar nuevas solicitudes de rebaja mientras no se avance en el proyecto que está en discusión en el Congreso”
. Hasta esa declaración, el Ministerio de Justicia no había informado públicamente esta segunda suspensión.
La nueva explicación del Gobierno sitúa dos hechos en la misma fecha: el jueves 5 de noviembre. Ese día, Rabat firmó el decreto que redujo la condena de Rojas Gallardo. Y, según Arenas, ese mismo día también decidió la suspensión de la tramitación de todas las rebajas de condena. Hasta ahora, el Ejecutivo no ha ofrecido una explicación clara sobre esta contradicción.
