Una denuncia por presunta prevaricación judicial se ha presentado tras la controversia por las rebajas de condena a individuos sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad. Seis de estas causas, que resultaron en reducciones de sentencias por parte del Ministerio de Justicia, fueron tramitadas ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
La acción legal fue interpuesta por la Fundación Fuerza Ciudadana, la cual busca determinar las responsabilidades de quienes aplicaron criterios que permitieron estas rebajas. El abogado de la fundación, Raimundo Palamara, enfatizó la necesidad de esclarecer las responsabilidades de quienes interpretaron y aplicaron la normativa de manera cuestionada.
La denuncia apunta a establecer si jueces dictaron resoluciones que son “contrarias a una ley expresa y vigente, a sabiendas de que la infringían”, lo que, de comprobarse, configuraría una prevaricación judicial.
El centro de la polémica es la reforma legal de 2022 que impuso restricciones a las rebajas de condena para aquellos sentenciados por delitos sexuales contra menores. La discusión jurídica actual se centra en si esta prohibición debería aplicarse también a delitos cometidos antes de la entrada en vigor de dicha modificación.
Palamara confirmó que las seis causas vinculadas a Valparaíso están incluidas en la denuncia y solicitó al Ministerio Público que investigue las responsabilidades de quienes aplicaron los criterios en cuestión. Además, pidió que se indague con el mismo rigor a todos los implicados en estas interpretaciones, en línea con la investigación ya existente sobre las actuaciones del exministro de Justicia, Fernando Rabat, y del exsubsecretario Luis Silva.
No obstante, el abogado de Fuerza Ciudadana reconoció que existen diversas posturas jurídicas al respecto, señalando que el Congreso no proporcionó claridad suficiente sobre la aplicación de la reforma a casos previos. Por esta razón, la organización optó por una denuncia en lugar de una querella.
El abogado penalista Ariel Manríquez explicó las posibles sanciones si se comprueba el delito de prevaricación.
En cuanto al impacto regional, una revisión de decretos identificó que al menos 15 personas que cumplían condena en recintos penitenciarios de Valparaíso se beneficiaron de estas rebajas. Cuatro de estos casos correspondían a Limache, otros cuatro a Petorca y cuatro a Casablanca. Los tres restantes se distribuyeron entre el Complejo Penitenciario de Valparaíso, la cárcel de Los Andes y el Centro de Estudio y Trabajo Camino La Pólvora.
Actualmente, la denuncia ha sido asignada a la Fiscalía Centro Norte, que deberá evaluar los antecedentes y determinar si procede establecer responsabilidades penales por las decisiones adoptadas.
