La denuncia por eventual prevaricación judicial contra los integrantes del comité que evaluó las rebajas de condenas a abusadores sexuales de menores está siendo cuestionada por expertos. Juristas advierten que demostrar la comisión de este delito sería complejo, principalmente porque la instancia opera con funciones administrativas y sus miembros carecen de la facultad directa para conceder los beneficios.
Aunque la Fundación Fuerza Ciudadana busca establecer responsabilidades penales por la aplicación de estas rebajas, académicos como Neftalí Carabantes de la Universidad Central, señalan que una interpretación errónea de la ley no es suficiente para configurar prevaricación. Además, se debe considerar el papel que desempeñó la comisión en el procedimiento.
Carabantes explicó que no basta con probar una interpretación equivocada de la normativa, sino que se debe acreditar que los involucrados actuaron con pleno conocimiento de estar infringiendo una ley expresa y vigente. “Para que exista prevaricación, debe concurrir el tipo penal correspondiente y, además, especialmente, debe estar presente el elemento subjetivo de la norma, es decir, el juez debe fallar a sabiendas contra ley expresa y vigente, lo cual es muy, muy complejo”, precisó el académico.
Esta dificultad radica en demostrar que los integrantes de la comisión actuaron deliberadamente contra la legislación y no basándose en una interpretación de sus disposiciones.
Otro punto de duda es el carácter administrativo del comité encargado de evaluar las solicitudes de rebaja. Pablo Alarcón Jaña, académico de la Universidad Finis Terrae, aclaró que esta instancia forma parte de un procedimiento administrativo y que sus miembros no tienen la potestad de otorgar directamente los beneficios.
Ellos elaboran una opinión, un informe, pero quien toma la decisión final es la autoridad respectiva, que en este caso es el ministro de Justicia. Entonces, en principio, no vislumbro por dónde podría estar la prevaricación de estos integrantes judiciales de esta comisión, que es administrativa y no jurisdiccional.
La comisión elabora un informe sobre las solicitudes, pero la decisión final corresponde al ministro de Justicia. Así, el cuestionamiento no solo se centra en la dificultad de acreditar una actuación contraria a la ley, sino también en determinar si las funciones de la comisión permiten configurar el delito denunciado.
Pese a estas observaciones jurídicas, la Fundación Fuerza Ciudadana insiste en que el Ministerio Público investigue la actuación de quienes participaron en el procedimiento que permitió otorgar rebajas de condena a abusadores y violadores de menores. La organización objeta que estos beneficios se concedieran a pesar de la modificación legal de 2022, que excluyó de su aplicación a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El abogado de la fundación, Maximiliano Murath, afirmó que es necesario investigar el funcionamiento del sistema y determinar las eventuales responsabilidades de quienes intervinieron en las decisiones. “Si ellos, desde ese momento, incumplen una ley expresa y vigente, que es la que”, concluyó Murath, subrayando la necesidad de esclarecer si hubo un incumplimiento legal.
