Estados Unidos ha sancionado a cuatro personas y 41 entidades vinculadas al grupo criminal transnacional Prince Group, acusado de orquestar ciberestafas complejas, blanqueo de capitales y tráfico de personas en el sudeste asiático. La acción fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, e incluye también a un ciudadano malasio por liderar una red de estafadores en África.
Según un comunicado de la OFAC, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “las redes de ciberestafas continúan robando miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses mientras se apoyan en sofisticadas redes empresariales internacionales para blanquear sus beneficios ilícitos”. Bessent enfatizó el compromiso de Washington de “desmantelar cada capa de estas organizaciones”.
Estas nuevas medidas se enmarcan en una orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump en marzo, destinada a combatir el ciberdelito y los esquemas de extorsión dirigidos desde el extranjero. El Gobierno estadounidense detalló que el Prince Group opera principalmente desde recintos de estafas en el sudeste asiático, donde personas son víctimas de trata y coerción para perpetrar fraudes en línea, como estafas de inversión en activos digitales y fraudes románticos.
Las sanciones apuntan a facilitadores financieros, así como a sociedades pantalla y empresas offshore con ramificaciones en Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas, Camboya y Singapur. Estas entidades ayudaban a la cúpula del grupo a ocultar activos y eludir sanciones impuestas previamente en octubre de 2025 y junio de 2026. La coordinación de estas acciones se realizó con el FBI, el Departamento de Justicia y autoridades del Reino Unido e Islas Vírgenes Británicas.
Como resultado de estas designaciones, todos los bienes e intereses de los implicados que se encuentren en territorio estadounidense o bajo el control de ciudadanos de Estados Unidos quedan bloqueados. Además, las entidades financieras y particulares estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con los sancionados, enfrentando severas sanciones civiles y penales en caso de incumplimiento.
