La Fiscalía Nacional ha confirmado este lunes que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, figura como imputado en la investigación por presunta prevaricación administrativa. Esta indagatoria se originó tras la polémica generada por las rebajas de condenas otorgadas a individuos sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad.
La situación se hizo pública después de que los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) presentaran una denuncia formal. Dicha acción legal apuntaba al secretario de Estado y al entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, por su rol en la firma de los decretos que habilitaron estos beneficios penitenciarios.
El Ministerio Público había iniciado la investigación el pasado viernes, según confirmó la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. La dirección del caso recae en el fiscal regional Francisco Jacir, quien cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada Centro Norte.
El objetivo de la indagatoria es esclarecer si los hechos denunciados configuran un delito y, de ser así, determinar las posibles responsabilidades penales de quienes tomaron parte en las controvertidas decisiones.
La confirmación de la imputación de Rabat ocurre en un contexto de fuertes cuestionamientos sobre su permanencia en el Gobierno. A pesar de las críticas provenientes tanto de la oposición como de sectores oficialistas, el presidente José Antonio Kast lo ha ratificado en su cargo.
