El Gobierno del presidente José Antonio Kast ha puesto en marcha una serie de medidas para impulsar la creación de 100 mil empleos, buscando reactivar un mercado laboral debilitado. Sin embargo, diversos expertos advierten que la permanencia de estos nuevos puestos de trabajo es la verdadera incógnita, ya que las soluciones de corto plazo no abordan los problemas estructurales del desempleo.
Los planes Chile Despega, Modo Empleo y Enadi incluyen la aceleración de obras públicas, facilidades de financiamiento para empresas y subsidios para incentivar la contratación. Aunque estas iniciativas son valoradas por los especialistas, su éxito a largo plazo dependerá crucialmente del crecimiento económico sostenido y de que las empresas encuentren motivos reales para expandir sus dotaciones.
Felipe Cerda, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor, explica que el gobierno persigue un doble objetivo: generar empleos de inmediato y sentar las bases para una recuperación duradera. No obstante, considera que los anuncios de Kast se inclinan más hacia lo primero. Según Cerda, la aceleración de obras públicas y los incentivos a la contratación son “políticas de shock que buscan dinamizar el empleo en corto plazo”.
Aunque reconoce que pueden tener resultados positivos, advierte que estas iniciativas “no corrigen los problemas de fondo de un mercado laboral debilitado”, marcado por las dificultades y los costos que enfrentan las empresas para contratar.
Un ejemplo claro es el de las obras públicas, que si bien crean cientos de empleos durante su ejecución, una vez finalizadas, estos trabajadores deben buscar nuevas oportunidades. Por ello, Cerda considera que es “prematuro asegurar que las medidas de Kast permitirán fortalecer el empleo de manera sostenida”.
Una visión similar comparte Jorge Rodríguez, economista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes (Uandes). Rodríguez detalla que las medidas incluyen el adelanto de gastos presupuestados en obras públicas, vivienda y proyectos regionales, sumando $91 mil millones para subsidios al empleo y la capitalización del Fogape.
A pesar de estas cifras, el economista advierte que “es difícil anticipar la magnitud de sus efectos en el empleo agregado”. Esto se debe, en parte, a que algunas vacantes podrían ser cubiertas por trabajadores que ya tienen empleo y buscan mejores condiciones. Asimismo, facilitar créditos no garantiza nuevas contrataciones, pues el impacto dependerá de que el financiamiento llegue a negocios con potencial de crecimiento.
Sobre los subsidios a la contratación, Rodríguez subraya que “la efectividad de los subsidios al empleo, por su parte, depende críticamente de su diseño”, mencionando que la experiencia internacional ha arrojado resultados variados. En resumen, el académico enfatiza que “un mayor gasto público no se traduce mecánicamente en más empleo a nivel agregado”.
Ambos expertos coinciden en que la falta de crecimiento económico es un obstáculo fundamental. Cerda explica que el financiamiento puede aumentar la producción, pero es ineficaz si no hay demanda suficiente. Por lo tanto, “se requiere a su vez dinamizar el consumo (la demanda)” para que las empresas vendan sus productos y necesiten más personal.
Rodríguez refuerza esta idea, señalando que “el principal obstáculo para la contratación es la debilidad de la actividad económica y de la demanda que enfrentan las empresas”. Describe dos escenarios: empresas con ventas bajas que han despedido personal y aquellas que, aunque mantienen operaciones, postergan inversiones y nuevas contrataciones. La recuperación real del empleo está ligada directamente al repunte de la actividad económica y la confianza empresarial.
