Un hombre en Puerto Octay, región de Los Lagos, perdió su casa en una subasta pública a cargo de BancoEstado tras no poder pagar un crédito de consumo. La situación se originó luego de que el afectado sufriera un grave cuadro de salud y perdiera su empleo, lo que le impidió cubrir la deuda de 3 millones de pesos.
El proceso judicial, que culminó el pasado 3 de septiembre con la subasta de su propiedad en el sector rural de Aguas Buenas, habría ocurrido sin que el hombre tuviera conocimiento de la demanda. Su casa, valorada en más de 70 millones de pesos por el esfuerzo familiar, fue rematada en 11 millones de pesos.
Frente a estos hechos, el senador Fidel Espinoza anunció que oficiará a la Presidencia de BancoEstado. Busca un informe detallado sobre los protocolos de cobranza judicial aplicados por los estudios externos que trabajan para la entidad, y que se esclarezcan los criterios de proporcionalidad al embargar y rematar viviendas familiares campesinas por deudas menores.
“Una familia muy humilde de Puerto Octay, un padre con su señora esposa, una hija menor de edad, de precarias condiciones socioeconómicas, sin trabajo, que se enfermó hace un par de años, tenía un crédito en el BancoEstado de 3 millones de pesos, y por ese crédito, sin ser nunca notificado en su hogar”, declaró Espinoza, criticando la situación. “En septiembre de este año aparece un remate, que se lo adjudican los típicos especuladores que viven con los datos que le dan desde adentro del propio banco, para poder comprar terrenos especulando a muy bajo precio. Este terreno que está evaluado en 70 millones de pesos, en Yerbas Buenas, media hectárea, con casa, cuesta más de 70 o 80 millones de pesos por el esfuerzo de la familia por años”.
El legislador también calificó el trato de BancoEstado como discriminatorio, especialmente por la falta de notificación en el domicilio del afectado. “Se lo remataron en 11 millones de pesos y los quieren dejar en la calle. Nosotros consideramos que esto es inaceptable, incomprensible, que instituciones del Estado, el banco que se dice de todos los chilenos, cometa este tipo de actos”, afirmó.
Adicionalmente, se enviaron antecedentes a la Comisión para el Mercado Financiero para alertar sobre las prácticas de ejecución de bienes raíces a pequeños deudores en áreas rurales. También se solicitó a la Corte de Apelaciones de Valdivia que revise la actuación de los ministros de fe en Osorno, particularmente en las diligencias de notificación judicial, las cuales, según el senador, privan a las familias campesinas de su derecho a una legítima defensa.
