El ministro de Justicia, Fernando Rabat, afirmó este jueves su tranquilidad ante la inminente acusación constitucional que la oposición prepara en su contra. La iniciativa surge a raíz de las rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Según Rabat, esta acción representa un «punto político» más que un fundamento legal.
Tras su comparecencia ante la Cámara de Diputadas y Diputados el miércoles, el secretario de Estado reiteró que su gestión se enmarcó estrictamente en la legalidad. Descartó que los cuestionamientos presentados justifiquen una acusación de carácter constitucional. Ante la consulta sobre una posible renuncia, Rabat destacó el pleno respaldo del presidente José Antonio Kast.
“En lo que a mí respecta, estoy con la conciencia muy tranquila y le agradezco mucho al señor Presidente de la República la confianza que me ha dado”, expresó Rabat.
El ministro defendió sus explicaciones ofrecidas a los diputados en declaraciones a TVN, tras la ceremonia de nombramiento de Marisol Rojas como ministra de la Corte Suprema. Aseguró que quienes actúen con honestidad y apego a la Constitución y la ley reconocerán que obró conforme a derecho. «Todo lo que se dijo ayer no son cuestiones propias de una acusación constitucional, por lo tanto, sigo estando muy tranquilo”, insistió.
La postura de Rabat se mantiene firme mientras la oposición avanza en la preparación del libelo acusatorio. Incluso, parlamentarios oficialistas han solicitado su salida, aunque La Moneda ha reafirmado su apoyo al ministro. Las explicaciones que Rabat entregó el miércoles en la Cámara, donde citó un decreto del gobierno de Boric sin la misma exclusión legal y presentó decisiones judiciales como obligatorias cuando solo exigían resolver solicitudes, sumaron nuevas críticas.
La controversia se originó por 56 decretos que redujeron condenas a agresores sexuales de menores. Posteriormente, este medio expuso detalles de los beneficiados, sus condenas y los meses descontados, revelando también rebajas a condenados por crímenes de la dictadura. Justicia ha justificado su actuar en la aplicación de la legislación y los criterios de la Corte Suprema.
Los cuestionamientos se centran en la diferencia entre cumplir una orden judicial que otorga un beneficio y la aplicación administrativa de la interpretación de otros fallos. A pesar de que el Gobierno admitió un error y anunció una revisión de los decretos, Rabat permanece al mando de la cartera. El ministro, por su parte, reitera que su actuación no amerita una acusación constitucional.
