La bancada del Partido Nacional Libertario ha anunciado que considera presentar acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema. El motivo principal es la presunta responsabilidad de los magistrados en las recientes rebajas de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Esta postura surge en medio de la controversia por la concesión de beneficios en causas de este tipo.
Según la colectividad de derecha, los ministros de la Corte Suprema fueron quienes “abrieron la puerta” a estas rebajas. Critican que la oposición haya enfocado sus ataques exclusivamente en el ministro Rabat, ignorando que los propios ministros de la Segunda Sala —encargada de revisar causas penales— han variado sus criterios en solicitudes similares a lo largo del tiempo. Insisten en que los jueces tienen la obligación de aplicar la ley sin reescribirla, y que, más allá de la atención mediática sobre un ministro, el Congreso debe actuar si se comprueba una actuación errada de los magistrados.
“Como bancada estamos estudiando seriamente la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, porque ellos fueron los que abrieron la puerta a la rebaja de las condenas para violadores y abusadores de niños”, acusó la subjefa de bancada, Paulina Muñoz.
No obstante, fuentes cercanas a tribunales explican que las rebajas de penas se encuentran amparadas legalmente, que los recursos utilizados son válidos y que no existe una jurisprudencia unificada al respecto. Además, la cambiante composición de las salas dificulta sostener que un mismo criterio se mantenga uniforme en causas similares.
El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, calificó la iniciativa como una “cortina de humo” y anticipó que no contará con su apoyo. Leiva también mencionó una arista de la controversia que involucra vulneraciones al derecho internacional en causas por crímenes de lesa humanidad, donde los ministros de la Corte no tendrían responsabilidad política imputable.
“Son cortinas de humo. Efectivamente, los tribunales tienen asentada jurisprudencia. Lo que omite el ministro y también el oficialismo de manera irresponsable; esto no es solo un problema de derecho interno, los fundamentos de los decretos, incluso de la Corte Suprema cuando ha acogido recursos de amparo, se fundan justamente en los tratados internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, detalló Leiva.
A pesar de esta negativa, la decisión final de los parlamentarios de oposición aún no está definida. Algunos críticos sostienen que el oficialismo busca desviar la atención del problema político real, que reside en los casos donde el Gobierno otorgó rebajas de penas administrativamente, sin que mediaran resoluciones judiciales.
El diputado y presidente de la DC, Álvaro Ortiz, considera “muy prematuro” descartar por completo la opción de acusar a los ministros. Indicó que la decisión final dependerá del análisis jurídico que realicen los especialistas. Por su parte, el excandidato presidencial Johannes Kaiser también mantuvo abierta la posibilidad, señalando que el estudio permitirá determinar si existe sustento jurídico para configurar un “notable abandono de deberes”, la única causal para una acusación constitucional contra un ministro de la Corte Suprema.
