El Gobierno reingresó a la Contraloría General de la República un decreto que ajusta el reglamento de la Ley Karin, la cual aborda el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Estas modificaciones buscan optimizar la forma en que se tramitan e investigan las denuncias, respondiendo a las complejidades surgidas en los primeros dos años de aplicación de la normativa.
Entre los principales cambios propuestos por el documento, firmado por el presidente José Antonio Kast y el ministro del Trabajo, Tomás Rau, se encuentran nuevas directrices para las denuncias de mala fe, el manejo de casos con falta de antecedentes y la continuidad de las investigaciones cuando una relación laboral finaliza.
Uno de los puntos clave del decreto aborda las denuncias de mala fe. Ahora, una acusación no será catalogada como maliciosa solo porque los hechos no pudieron ser comprobados. Para que se determine mala fe, deberán existir pruebas claras y suficientes que demuestren que la denuncia fue presentada de manera intencional y con información falsa, protegiendo al trabajador de sanciones injustificadas por una denuncia no acreditada.
Asimismo, se establecen protocolos para las denuncias que carecen de información completa. Las empresas deberán notificar al trabajador sobre los antecedentes faltantes y otorgarle un plazo de cinco días para complementar su presentación. No obstante, el decreto aclara que la falta inicial de información no impedirá necesariamente el inicio de la investigación.
La nueva regulación también especifica qué sucede si un trabajador, ya sea el denunciante o el acusado, deja la empresa mientras una investigación está en curso. Se diferencian estos escenarios para clarificar la continuidad de los procesos y las responsabilidades empresariales cuando el contrato de alguna de las partes involucradas termina.
El documento incluye medidas para evitar duplicidad de investigaciones por los mismos hechos. Además, permite que ciertas denuncias que no califican como acoso o violencia bajo la Ley Karin sean tratadas mediante otros procedimientos internos de las empresas. Para esto, será indispensable la autorización escrita del denunciante, quien deberá ser informado detalladamente sobre el nuevo proceso.
Actualmente, el decreto está bajo revisión de la Contraloría. Una vez publicado en el Diario Oficial, sus disposiciones entrarán en vigor 90 días después. También se fijó un plazo de un año para que la Dirección del Trabajo implemente una plataforma electrónica que centralice la gestión de estos procedimientos.
