Un nuevo frente se abrió para el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de conocerse que tres ciudadanos venezolanos, que afirmaron ser parte del Tren de Aragua y fueron condenados por robo con intimidación, accedieron a rebajas de condena mediante decretos firmados por su cartera. Esto ocurre en medio de cuestionamientos por beneficios similares concedidos a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
Según la investigación del medio Interferencia, los tres venezolanos formaban parte de un grupo de cuatro individuos detenidos en diciembre de 2021 en La Serena. Se les acusó de intimidar a mujeres migrantes para exigirles pagos semanales a cambio de permitirles el comercio sexual, presentándose como miembros del Tren de Aragua. Aunque no fueron condenados por pertenecer a dicha organización criminal ni por secuestro, sí fueron formalizados por robo con intimidación y porte ilegal de armas prohibidas y municiones. En agosto de 2022, fueron sentenciados a cinco años y un día de presidio.
Los condenados Franyorkin Aramburu Hernández, Winder Marott Morán y Jhonder Ollarves Berbesi recibieron reducciones de pena. Aramburu obtuvo una rebaja de nueve meses, mientras que Marott y Ollarves consiguieron tres meses cada uno. Los decretos de Aramburu y Marott fueron firmados por el ministro Rabat el 6 de julio y el 4 de septiembre, respectivamente. El documento de Ollarves fue suscrito el 7 de septiembre por el subsecretario de Justicia, Luis Silva, como ministro subrogante.
Estos beneficios se justificaron con la “Doctrina Rabat”, la cual, según Interferencia, invoca un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago. Este fallo establece que el Ministerio de Justicia no puede negar el beneficio por la gravedad del delito si no se configuran las causales de exclusión del artículo 17 de la ley. También se cita jurisprudencia de la Corte Suprema, argumentando que si se cumplen los requisitos legales, la cartera debe conceder la rebaja. La interpretación ministerial es que carecen de margen legal para rechazar estas solicitudes.
La investigación también revela que los tres condenados recibieron una calificación de comportamiento sobresaliente, pese a acumular antecedentes por faltas al régimen penitenciario durante su reclusión. En el caso de Aramburu, incluso la Comisión de Libertad Condicional había rechazado su solicitud de salida anticipada en octubre de 2025.
Originalmente, los cuatro condenados debían cumplir sus penas hasta el 8 de diciembre de 2026. Sin embargo, los decretos adelantaron las fechas de término de condena para Marott y Ollarves, quienes fueron liberados el 9 y el 10 de septiembre. Para Aramburu, la nueva fecha de salida se fijó para el 8 de marzo de 2027.
Interferencia también destaca que la firma de estos decretos ocurrió después del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela el 30 de julio. Este acercamiento era clave para avanzar en las expulsiones de ciudadanos venezolanos condenados, una de las medidas de seguridad prometidas por el Gobierno. Se plantea que una mejor coordinación entre los ministerios de Justicia, Interior y Relaciones Exteriores podría haber explorado alternativas para evitar estas liberaciones anticipadas y avanzar en las expulsiones.
