El subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, se refirió este lunes a la controversia por las rebajas de condena a individuos sentenciados por delitos sexuales contra menores. Arenas defendió la actuación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en el aspecto administrativo, aunque reconoció falencias en lo humano y político.
Tras el reconocimiento del presidente José Antonio Kast sobre un error del Gobierno en esta materia, Arenas afirmó que no existe “ninguna discrepancia” con sus declaraciones previas, donde había respaldado el procedimiento para otorgar las rebajas. Subrayó que Rabat cumplió con la legalidad.
“Lo que yo quise manifestar es que el ministro de Justicia con esos decretos había cumplido la ley, había cumplido con la Constitución, no existía ninguna irregularidad y, por lo tanto, en ese sentido, en el sentido jurídico, administrativo, no hay ningún reproche que hacer al ministro de Justicia.”
El subsecretario enfatizó que las deficiencias radicaron en los ámbitos humano y político, no en el administrativo. En lo humano, lo más grave fue “no haber incorporado la opinión y la situación de las víctimas”.
Asimismo, Arenas adelantó las medidas que el Ejecutivo implementará. “Esto es lo que el presidente quiere solucionar con el proyecto de ley; es uno de los temas fundamentales, que las víctimas participen de este proceso”, señaló, destacando la independencia de esto respecto a la legalidad de los decretos.
También se refirió a la falta de una visión política en la gestión, aspecto que el propio ministro Rabat ha reconocido. “Decir que también faltó quizás una visión más política para que el presidente de la República pudiese haber tomado decisiones distintas. Y, en ese sentido, el propio ministro Rabat ha reconocido que se pudo haber pensado más políticamente en este tema y es un tema que también acogemos”, agregó.
Arenas confirmó que el presidente Kast “no tenía conocimiento de esos decretos” antes de la controversia. Además, explicó que las acciones gubernamentales buscarán anular o suspender tanto los 56 decretos de esta administración como los más de 250 del gobierno anterior que continúan vigentes. El ministro Rabat se comprometió a encontrar las fórmulas legales, aunque reconoció la dificultad del proceso.
