Las viviendas industrializadas podrían suplir hasta el 20% de la meta habitacional anual de 100.000 unidades, según un estudio de Déficit Cero y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). A pesar del potencial, que alcanzaría las 24.240 unidades, actualmente la industria opera muy por debajo de su capacidad, produciendo cerca de 19.824 viviendas al año.
El informe “Propuesta Fortalecimiento de la Vivienda Industrializada en la Política Pública Habitacional”, presentado en la Feria Internacional de la Construcción Edifica 2026, destaca que, si bien existe una oferta disponible y una demanda urgente, los resultados no son sostenidos. Felipe Montes, presidente del Comité de Industriales de la CChC, enfatizó que la industrialización debe dejar de ser una excepción y convertirse en una capacidad permanente dentro de la política de vivienda.
“La industrialización no puede seguir operando como una excepción; tiene que transformarse en una capacidad permanente de la política de vivienda. Eso exige que el Estado y la industria se ajusten al mismo tiempo para producir más rápido, con mejor calidad y menores costos”, afirmó Montes.
El estudio identifica que el problema principal no reside en la tecnología ni en la voluntad, sino en una desconexión entre la lógica industrial (basada en estandarización, producción en planta y montaje rápido) y los marcos normativos, financieros y operativos actuales, que están diseñados para la construcción tradicional en terreno. Entre los nudos críticos se mencionan la doble revisión entre DITEC y SERVIU, la incertidumbre en la demanda, los constantes cambios normativos que exigen recertificaciones, los sistemas de pago basados en el avance físico en obra y un tratamiento del IVA que encarece los componentes prefabricados.
Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, subrayó que la eficacia de la vivienda industrializada aumenta con la escala. “Sin un volumen constante, las fábricas no pueden sostener su capacidad instalada, y eso implica un acuerdo público-privado y, sobre todo, certezas”, señaló. Bowen también resaltó la complejidad de financiar estas viviendas, especialmente en el contexto de la discusión de la ley de presupuestos.
Para abordar estas problemáticas, se propuso una hoja de ruta de tres fases. La primera fase, de “activación y señal al mercado” (primeros 100 días), busca capitalizar las resoluciones del MINVU de mayo de 2026, que ya incorporan la industrialización en los llamados, y crear un índice de desempeño en postventa. La segunda fase, de “ajustes prioritarios” (entre 6 y 18 meses), apunta a reducir la incertidumbre y activar la inversión privada, permitiendo que los Serviu regionales aprueben soluciones industrializadas, asegurando estabilidad normativa por dos a tres años, corrigiendo el IVA de componentes fabricados en planta y creando instrumentos de financiamiento para anticipos.
Finalmente, la tercera fase, de “integración programática” (tres a cuatro años), busca consolidar estos métodos como un componente estructural de la política habitacional, proponiendo llamados nacionales periódicos para garantizar un volumen constante de demanda. Estas medidas buscan alinear la política pública con las capacidades de la industria, permitiendo que las viviendas industrializadas cumplan su potencial para reducir el déficit habitacional.
