Las seis bancadas de oposición en la Cámara de Diputadas y Diputados han iniciado el análisis de una posible acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. La determinación sobre si impulsar o no esta medida aún no se ha tomado.
Desde el pasado viernes, los bloques opositores están estudiando los antecedentes. Quienes apoyan la acusación sugieren que un anuncio podría realizarse la próxima semana, dedicando estos días al estudio jurídico y a solicitar una sesión especial en la Cámara Baja.
El principal argumento político que esgrime la oposición es que el ministro Rabat autorizó 56 rebajas de pena sin apelar judicialmente cada decisión. Durante las reuniones de las bancadas, surgieron críticas como: “El ministro decidió saltarse los tribunales de justicia” y “le hizo más fácil la pega a los violadores”.
La situación de violadores que ya están en libertad tras estas rebajas, sumada a las comparaciones del oficialismo con gestiones gubernamentales anteriores, ha intensificado el descontento de la oposición.
El diputado independiente-PPD, Jaime Araya, enfatizó la necesidad de unidad opositora, sin importar la decisión final. Declaró que “los caminos se van achicando y no queda mucho más que la renuncia del ministro. Las bancadas de la oposición hemos acordado analizar los antecedentes y vamos a tener reuniones lunes y martes para tomar una decisión definitiva”.
En el sector oficialista, partidos leales al gobierno de José Antonio Kast han calificado la situación de “carapalismo”, aludiendo al caso Monsalve. Acusan a las izquierdas de instrumentalizar el dolor de las víctimas con fines políticos.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, confirmó el respaldo de Kast y de su partido al ministro Rabat. Ramírez señaló que “El ministro Rabat ha sido una especie de revelación y, hasta ahora, había tenido un trabajo impecable, y yo espero que siga haciendo su trabajo”.
Dentro de la discusión, algunos sectores instan a un estricto rigor jurídico. Meses complejos para los adversarios del gobierno han planteado el dilema de presentar acusaciones constitucionales sin tener los votos asegurados o de la preponderancia de los argumentos legales.
El diputado socialista Marcos Ilabaca, miembro de la Comisión de Constitución, supeditó el juicio político a la existencia de bases jurídicas sólidas. “Rebajar penas a violadores y abusadores de niños exige explicaciones y responsabilidades. Si en los antecedentes se acredita una infracción constitucional o legal del ministro, corresponde evaluar una acusación constitucional con rigor”, afirmó Ilabaca.
Las dudas también se han manifestado en la propia derecha. El diputado Mauro González de RN, si bien es colaborador del gobierno, manifestó que, con la información disponible, “no puede defender al ministerio de Justicia”.
La diputada independiente Joanna Pérez se mostró partidaria de analizar las herramientas constitucionales según su mérito, sugiriendo un accionar escalonado, que podría comenzar con una comisión especial investigadora o una sesión específica.
Pese a que varios en la oposición creen que los juicios políticos no dependen exclusivamente de argumentos jurídicos, a nivel de bloque, las izquierdas buscarán que las diferencias de estrategia y análisis no se vuelvan un conflicto en sí mismo.
