El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, será formalizado este lunes y martes por presunto fraude al fisco. La investigación se enmarca en el denominado caso Embotelladora Llacolén, que también implica a un exdirector jurídico y cuatro exconcejales de la comuna.
La fiscal anticorrupción Glenda Lagos lidera la causa que indaga la condonación de 1.200 millones de pesos en patentes comerciales a la Embotelladora Llacolén, propiedad de Alberto Scuncio. Esta decisión fue aprobada por el concejo municipal en 2020.
Lagos adelantó que, dada la gravedad de los cargos, podrían solicitar medidas cautelares privativas de libertad, incluida la prisión preventiva para los imputados.
Junto a Chamorro, enfrentarán la formalización los exconcejales Ariel Durán, Osvaldo Campos, René Lucero y Francisco Reyes, quienes votaron a favor de la condonación. También será imputado Cristián Pinto, exdirector jurídico de la municipalidad.
El defensor penal privado, Andrés Cruz, se refirió a la situación legal, señalando que la mayoría de los imputados dejaron sus cargos en 2024. Este hecho podría llevar a evaluar la potencial prescripción del ilícito imputado por la Fiscalía.
Cruz descartó un posible avenimiento entre las partes. Argumentó que la autorización del Concejo Municipal se basó en “informes de peritos independientes que manifestaban irregularidades en el cobro de derechos por parte de la municipalidad hacia una entidad empresarial”.
En este contexto, la Embotelladora Llacolén había demandado civilmente al municipio, acusando cobros irregulares. Si estos cobros se comprueban, los argumentos de un eventual actuar defraudatorio que acusan la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado podrían verse desvirtuados, afectando el curso de la causa.
