Al menos tres condenados por delitos sexuales contra menores de edad en la región de Valparaíso han visto sus penas reducidas, desatando una fuerte controversia en torno al Ministerio de Justicia. Esta situación se enmarca en la polémica que rodea a la cartera por la concesión de beneficios a 56 agresores sexuales a nivel nacional.
El seremi de Justicia, Rafael González, confirmó dos casos de violación de menores que recuperaron su libertad en la región. Sin embargo, este medio cuenta con antecedentes que detallan tres personas beneficiadas, incluyendo a dos agresores de la misma víctima. Uno de los casos corresponde a un hombre del entorno familiar de una menor, sentenciado por violación reiterada. En esa misma causa, otra persona cercana a la víctima, condenada por abusos sexuales, también habría recibido una rebaja en su condena.
Un tercer caso involucra a un obrero que fue condenado el 18 de diciembre de 2015 por abusos sexuales contra al menos cuatro personas, según la información recabada por este medio. Las identidades de los condenados y de las víctimas no han sido reveladas para resguardar su seguridad.
La polémica se intensificó tras las entrevistas de Teletrece a dos de los agresores sexuales beneficiados. Uno de ellos, condenado por agredir a una menor de 13 años, atribuyó la reducción de su pena a su buen comportamiento en prisión. Otro de los entrevistados admitió su sorpresa ante la decisión.
“Fuimos uno de los pocos beneficiados respecto a este tema, fue de la noche a la mañana”
El condenado añadió que logró una rebaja de nueve meses de prisión.
Estas revelaciones han provocado una ola de críticas en la región de Valparaíso, con reacciones transversales de parlamentarios. El diputado Luis Cuello (Partido Comunista) y el senador Diego Ibáñez (Frente Amplio) exigieron la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, argumentando que estas decisiones ponen en riesgo a las víctimas. Por su parte, el diputado oficialista Luis Pardo (Renovación Nacional) también rechazó las rebajas, calificándolas como un error.
La controversia se originó al conocerse que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de este año, el Ministerio de Justicia autorizó 56 reducciones de penas a agresores sexuales de menores: 29 por violación y 27 por abuso sexual. Aunque el ministro Rabat ha defendido las resoluciones como parte de la legislación vigente y criterios de la Corte Suprema, la presión política lo llevó a suspender la tramitación de nuevos decretos. Actualmente, el Ejecutivo busca impulsar modificaciones legales para evitar que condenados por estos delitos accedan a tales beneficios por hechos previos a una reforma legal.
