El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, defendió la decisión del Ministerio de Justicia de conceder rebajas de condenas a personas acusadas de abuso y violación de menores. Arenas argumentó que, aunque gobiernos anteriores negaron solicitudes similares, el resultado final fue el mismo, dado que la ley ampara estos beneficios.
Durante la vocería del viernes, Arenas fue consultado sobre la obligación moral de informar a las víctimas sobre estas rebajas. El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) calificó la situación como un “tema mucho más amplio”.
“Suponer que el Gobierno tiene alguna intencionalidad de favorecer a delincuentes que han cometido este tipo de delitos es una manipulación política de un tema humano muy grave”, afirmó Arenas, rechazando las críticas.
El vocero enfatizó que el Gobierno no está de acuerdo con estos decretos, pues ha prometido “mano dura” contra la delincuencia y protección a menores, lo que hace el tema “doloroso” para la administración.
“Ahora, aunque no nos guste este tipo de decretos, somos un Gobierno que cumple la ley, que cumple la Constitución; estos beneficios fueron establecidos en la Ley 19.856 del año 2003, durante un gobierno de la Concertación, y nosotros, como Ministerio de Justicia y el ministro de Justicia, no puede sino aplicar la ley”, explicó.
Arenas reiteró que la concesión de estas rebajas está amparada por la ley. Subrayó que, de haberse negado, los beneficiados podrían haber recurrido a los tribunales, donde el beneficio habría sido igualmente otorgado.
“Si ustedes revisan la ley, el artículo 2.º señala expresamente que esto es un derecho; por lo tanto, no puede ser negado por el Ministerio de Justicia porque se recurre al amparo, se va a los tribunales y los tribunales en forma consistente han dicho que se debe otorgar”, detalló el vocero, asegurando que el Gobierno y el ministro Fernando Rabat cumplieron con toda la normativa legal.
Arenas compara gobiernos de Boric y Kast
El vocero mostró dos documentos para ejemplificar cómo un decreto del gobierno anterior, con el ministro Jaime Gajardo, tuvo el mismo resultado que uno de la actual administración: una rebaja de condena por delitos similares. No aclaró si el decreto anterior fue emitido tras un rechazo inicial y posterior recurso judicial.
“El resultado es exactamente el mismo en el gobierno del presidente Gabriel Boric y en este gobierno. Por lo tanto, en ambos casos se cumplió con la ley, se cumplió con la normativa establecida, no se cometieron arbitrariedades”, concluyó.
Arenas adelantó que el Gobierno buscará modificar la ley para terminar con estos beneficios o regularlos de mejor forma, incorporando la situación de las víctimas. Anunció que presentarán un proyecto de ley y apoyarán otras iniciativas parlamentarias, asignándoles la “urgencia que sea necesaria”. El ministro Rabat ya ha suspendido la tramitación de nuevos decretos.
“Los procedimientos siempre se pueden hacer mejor”
Sobre las 56 rebajas de condena ya otorgadas, Arenas confirmó que el Ministerio de Justicia tiene toda la información, incluyendo cuántos beneficiados quedaron en libertad. Sin embargo, aclaró que estos decretos “están ejecutoriados”, por lo que una suspensión ya no procede.
Consultado por este medio si existía autocrítica por la comunicación con las víctimas, el vocero expresó: “Los procedimientos siempre se pueden hacer mejor. Lo ha dicho el ministro de Justicia; se les va a avisar en forma personal a las víctimas”. Asimismo, indicó que el Ejecutivo “nunca le ha quitado la confianza al ministro de Justicia”.
