Diputadas de la UDI, encabezadas por la jefa de bancada Flor Weisse e incluyendo a Marlene Pérez, Natalia Romero, Macarena Santelices, Alejandra Valdebenito y Ximena Naranjo, instaron al Gobierno y al Ministerio de Justicia a revisar la legalidad de revocar 56 decretos. Estos decretos, emitidos desde el 11 de marzo, han concedido rebajas de pena a individuos condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
Las parlamentarias anunciaron la próxima presentación de un proyecto de ley que buscará aplicar de forma retroactiva la reforma de 2022, la cual prohíbe específicamente estas rebajas para condenados por abuso sexual y violación de menores. Sin embargo, enfatizaron la urgencia de encontrar una solución inmediata para los beneficios ya otorgados.
Aunque las legisladoras reconocieron que la Corte Suprema ha rechazado en varias ocasiones aplicar esta restricción a casos anteriores a la reforma, también señalaron que el máximo tribunal ha utilizado un criterio diferente en otras instancias, permitiendo la aplicación retroactiva de dicha normativa.
“El compromiso que siempre hemos asumido con la protección de la infancia y con los menores de edad no puede quedarse simplemente en buenas intenciones, sino que debemos demostrarlo con hechos concretos. Y si anteriormente fue posible dejar sin efecto los decretos con los cuales distintos delincuentes y violentistas del estallido social recibieron millonarias pensiones de gracia, creemos que hoy lo más prudente es que el Ministerio de Justicia evalúe una alternativa similar”, apuntaron.
Las diputadas UDI establecieron una comparación con la situación de las pensiones de gracia entregadas durante el “estallido social”. Recordaron las presiones ejercidas en la administración anterior que llevaron a la revocación de 27 de esos beneficios, después de que la Contraloría confirmara la facultad del Gobierno para invalidar tales resoluciones.
Finalmente, Weisse, Pérez, Romero, Santelices, Valdebenito y Naranjo hicieron un llamado a la oposición para evitar la politización del tema, dada la seriedad de los delitos involucrados. Subrayaron que en situaciones tan delicadas, que pueden llevar a revictimizaciones, “lo mínimo que uno espera es que ningún sector de nuestra sociedad intente sacar provecho político”, insistiendo en que los ciudadanos esperan “soluciones concretas que permitan evitar que esto vuelva a ocurrir nunca más en nuestro país”.
